También en provincias ya se judicializa distribución de vacunas

Ambito Nacional

Avanzan desembarcos en los Tribunales para confirmar oficialmente cuántas personas que no pertenecen a los grupos prioritarios recibieron la aplicación de la vacuna contra el coronavirus.

En paralelo a las denuncias presentadas en la Justicia para que se investigue al ahora exministro de Salud nacional, Ginés González García, por supuestas irregularidades en la campaña de vacunación contra el covid-19, en las últimas horas dirigentes de la oposición en distintas provincias desembarcaron en los tribunales en pos de intimar a los gobernadores a que difundan el nombre de las personas inoculadas para confirmar si pertenecen o no a los grupos prioritarios.

En Córdoba, por caso, el senador nacional Ernesto Martínez y el diputado nacional Luis Juez (Juntos por el Cambio) se presentaron ayer en Tribunales Federales para pedir que la Justicia “se constituya en el Ministerio de Salud provincial y proceda a obtener y custodiar copia auténtica del listado de dosis de vacunas remitidas por la Nación a Córdoba, la numeración de los envases, los lugares donde eventualmente fueron distribuidos y la identidad de las personas inoculadas, para verificar su adecuación a la prioridad dispuesta por la autoridad sanitaria nacional”.

“Tenemos información de que no son menos de 200 los privilegiados en Córdoba”, aseguró Juez a Cadena 3. “Creen que la vacunación en medio de una pandemia también puede ser utilizado políticamente”, disparó.

Desde la vereda del oficialismo, sin embargo, el jefe del bloque de Hacemos por Córdoba, Francisco Fortuna, aseguró a La Nueva Mañana que en la provincia gobernada por Juan Schiaretti “el proceso de vacunación ha sido completamente transparente”.

En Buenos Aires, por su parte, el senador provincial Juan Pablo Allan (Juntos por el Cambio) y la abogada Florencia Arietto concretaron ayer una presentación en los tribunales de La Plata para que si intime al Gobierno de Axel Kicillof para que dé a conocer los nombres de los ya inoculados por la vacuna.

“Resulta de extrema gravedad institucional, además de condenatorio ética y moralmente, que funcionarios y civiles en general que no se encontraban en el grupo de riesgo prioritario se hayan inoculado una vacuna que al momento resulta escasa”, argumentaron.

En paralelo, senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio presentaron proyectos en pos de generar un “registro público de vacunados y de orden de prioridades” en la provincia.

Las iniciativas -motorizadas por Roberto Costa y Nidia Moriano, y por Walter Lanaro, Allan, Felicitas Beccar Varela y Owen Fernández, apuntan -afirmaron- a “transparentar el sistema de vacunación implementado en territorio bonaerense luego de irregularidades denunciadas públicamente en diferentes municipios”.

En Catamarca, en tanto, el diputado provincial Hugo Avila presentó ayer una denuncia penal para que se investigue la aplicación de vacunas contra el coronavirus en la provincia que gobierna el peronista Raúl Jalil a funcionarios e intendentes que “no se encuentran comprendidos en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la vacunación covid-19 en la República Argentina”.

Mientras tanto, en Chubut, el titular del Sindicato de Camioneros provincial, Jorge Taboada, aseguró ayer que si bien la obra social del gremio recibió 20 dosis de vacunas contra el coronavirus, no estaban al tanto de que existiera alguna irregularidad, tras el robo de 30 vacunas del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

“Nos presentaron una factura por servicio de inmunización y pagamos la colocación y el traslado; nos hicieron una factura oficial y no teníamos razones para sospechar que había algo irregular“, dijo. “La enfermera Alicia Muñoz nos aseguró que había disponibilidad de vacunas y que hagamos un requerimiento, lo cual se hizo, para vacunar al personal de la primera línea de la obra social”, agregó.

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