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Por su parte, la vicecanciller uruguaya, Belela Herrera, aseguró que en el gobierno de Uruguay existe «tranquilidad» ante la presentación que realizó el gobernador Busti y relativizó el alcance de la denuncia al indicar que el planteo no fue hecho por el Ejecutivo argentino, sino por una autoridad provincial.
La funcionaria consideró además que Uruguay no ha violado la legalidad supranacional, tal como lo sostuvo en su demanda el gobernador entrerriano. La canciller uruguaya manifestó que su país «ha cumplido con todos los requisitos» y tiene «el aval de los organismos europeos» para la instalación de las dos papeleras en las costas de la ciudad de Fray Bentos.
Por su parte, Busti sostuvo que cuenta con el apoyo del gobierno nacional en la denuncia que presentó: «Antes de venir hablamos con (el presidente Néstor) Kirchner y enviamos una nota formal al canciller (Rafael) Bielsa preguntándole si venir acá y estar haciendo esto perjudicaba la política del exterior de la Argentina y contestaron que no dentro del marco del derecho de la legalidad internacional», explicó desde Washington.
La demanda exige que se audite «'in situ' la gravedad de la situación que se está provocando con la conducción de esta planta», dijo. Busti señaló que el pedido fue extendido ante el director ejecutivo de la Comisión, Santiago Cantón, y que se pidió que «se corra el traslado a Uruguay» acerca de la petición. «Es grave para el derecho a la vida, para la violación del derecho a la vida, los derechos del niño, para la producción entrerriana que se va a ver perjudicada», manifestó.
En ese sentido, remarcó que el funcionamiento de las celulosas implicaría «que alrededor de 300 mil personas, tomando una circunferencia de Fray Bentos, se van a ver perjudicadas en su producción y en su hábitat de vida».
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