10 de enero 2019 - 00:03

Cambiemos empuja aval rápido de títulos venezolanos para ocupar trabajo estatal

"Está lleno de dependencias en el interior que tienen demanda de profesionales que nunca son cubiertas", señaló el diputado del PRO Fernando Iglesias, quien impulsa el proyecto con firmas de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

Fernando Iglesias, Lucía Lehmann y Fabio Quetglas
Fernando Iglesias, Lucía Lehmann y Fabio Quetglas

Diputados de Cambiemos comandados por Fernando Iglesias (PRO) presentaron un proyecto para apurar el aval de títulos universitarios venezolanos y activar una habilitación provisoria por cinco años para ocupar puestos en dependencias estatales, ante la falta de respuestas del régimen dictatorial de Nicolás Maduro para con migrantes y exiliados que quieren convalidar sus estudios en la Argentina.

La iniciativa deja en claro, en su quinto artículo, que “la habilitación profesional prevista por la presente ley tendrá una duración de cinco años a partir del momento de su otorgamiento, será renovable una vez concluido dicho período en el caso de continuar vigente este régimen especial, y limitará el ejercicio de la profesión al ámbito de los organismos públicos descentralizados y las administraciones nacional, provinciales y municipales con domicilio real laboral en el territorio de la República Argentina; con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios del AMBA y las ciudades de La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Santa Fe”.

“Está lleno de dependencias estatales, municipales y provinciales en el Interior que tienen demanda de profesionales y que nunca son cubiertas porque los argentinos tenemos este hábito de ocupar casi toda la población alrededor del Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba, pero el resto del país es un desierto”, señaló Iglesias a Ámbito Financiero.

Según explicó el legislador macrista, “es una lástima que haya muchos profesionales venezolanos capacitados que podrían cubrir lugares que los argentinos en este momento no están tomando y no pueden hacerlo por un problema de los títulos habilitantes”.

En esa línea, Iglesias detalló: “Necesitan un sellado que sólo Venezuela puede realizar y no realiza con migrantes y exiliados, entonces lo que se propone es eliminar ese trámite, tomar como buenos los certificados que presenten, sin necesidad del famoso sello de La Haya y habilitar por cinco años a esas personas para que puedan trabajar en el ámbito del Estado y fuera de las grandes ciudades”.

Habilitación provisoria

La habilitación provisoria y condicionada comprende a los títulos universitarios de “la medicina, odontología y demás actividades profesionales vinculadas al ámbito sanitario”, “ingeniería y la arquitectura”; “ciencias exactas”; “actividades docentes en todas aquellas disciplinas en las cuales se requieran conocimientos universales, como las ciencias naturales, exactas y biológicas”; y “cualquier otro título docente o universitario cuyo plan de estudio no difiera sustancialmente en sus contenidos respecto de sus equivalentes en la República Argentina, ni requiera un conocimiento especializado vinculado a la residencia en el país”.

Para el caso de licenciaturas universitarias, los planes de estudio deben de haber sido de no menos de cinco años de duración, con contenidos acordes a las equivalencias en la Argentina; para tecnicaturas, mismo proceso pero el tiempo baja a tres años.

Además, tendrán que “acreditar no menos de dos años de experiencia en el ejercicio de la profesión, o bien haber culminado estudios de postgrado, maestrías, especializaciones o doctorados de duración equivalente -dos años- en el caso de las licenciaturas universitarias, y no menos de tres años de ejercicio profesional en el caso de las tecnicaturas de nivel terciario”. En tanto, “si fuera necesario, cuando sus titulares hayan ejercido su profesión dentro del territorio de la República de Venezuela se presumirán los años de experiencia en el ejercicio en virtud de los años transcurridos desde el de graduación”.

“Miles de venezolanos sobreviven en las grandes ciudades argentinas trabajando en ocupaciones muy por debajo de sus capacidades y ocupando puestos de trabajo de baja calificación que obstaculizan el acceso a los mismos por ciudadanos de nuestro país”, se argumentó en el proyecto que firmaron el jefe del PRO en Diputados, Nicolás Massot y su compañera de bloque Cornelia Schmidt Liermann, la legisladora de la Coalición Cívica Lucía Lehmann y los integrantes de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR) Fabio Quetglas y Facundo Suárez Lastra, entre otros.

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