Cerró año con fuertes polémicas

El 2004 dejó unos cuantos temas pendientes. Uno de los más destacados, aún sin resolver, el de la Cuota Hilton, que se agudizó luego de la suspensión de certificados a 12 frigoríficos.

Cuota Hilton, precio de la urea, biocombustibles, cadena agroindustrial, regalías por el uso de tecnología transgénica fueron algunos de los temas que acapararon la atención del complejo de la agroindustria argentina, en 2004 que acaba de finalizar. Sin que se pretenda imponer un orden de prelación, el reparto de esa cuota generó una controversia de proporciones que terminó enfrentando claramente a los grandes frigoríficos con el gobierno y con la industria que agrupa a los pequeños y medianos establecimientos.

La «judicialización» de la cuota -que, según todos afirman, nadie quiere-se agudizó de tal manera que se convirtió en uno de los problemas más serios aún no resueltos, luego que el juez federal Martín Silva Garretón, a pedido de las plantas agrupadas en el Consorcio de la Carne Argentina, ordenara a la Secretaría de Agricultura que deje de emitir certificados de exportación de Hilton a una docena de plantas que tienen amparos judiciales.
La crisis estalló cuando la Secretaría decidió una nueva distribución a partir de la Resolución 1.108/04 que permitió la incorporación de 18 nuevas plantas de faena al negocio de 200 millones de dólares que recibieron, en conjunto, unas 5.300 toneladas. El Consorcio calificó este reparto como un «escándalo», señalando que en 2003/'04 las 10 primeras firmas de ese grupo recibieron 14.638 t, mientras que en el ciclo 2004/'05 obtienen 11.561 t, 26 por ciento menos.

El titular de Agricultura, Miguel Campos, dijo que uno de los objetivos del actual reparto fue ampliar la cantidad de plantas que pudieran participar de la Hilton, recordando que en 2003 se distribuyó la cuota entre 45 establecimientos, y este año la cantidad aumentó a 68. Cuestionó la intervención judicial en el reparto.

• Regalías

Otro de los temas más discutidos fueron las «regalías». Tanto que se sumó a los asuntos más espinosos que enfrentaron a empresas del sector agrícola.

Adquirió inusitada dimensión cuando la multinacional Monsanto reclamó el pago de royalties por el gen RR de la soja planteando una discusión que adquirió una reformulación impensada. A partir de esa demanda, Agricultura convocó a las empresas semilleras y a las entidades del campo para comenzar a trabajar sobre una propuesta de consenso que contemplara el pago de ese canon, el derecho al uso propio de los agricultores y la supresión definitiva de la llamada «bolsa blanca» (semilla ilegal y sin fiscalizar).

Para alcanzar esos objetivos, el Foro reclama del gobierno reglas claras y previsibles, y menor presión impositiva para -en un escenario de menor rentabilidad por precios agrícolas en caída respecto del ciclo pasado y costos de producción más elevados-poder seguir invirtiendo.

Otra polémica tuvo como eje el precio de la urea. Los productores afirman que Profértil, la principal abastecedora de ese nutriente, el más utilizado dentro del paquete de fertilización, tiene un precio para este producto en la Argentina y otra para la exportación a países como Brasil, Uruguay y Chile. La empresa tiene más de 70 por ciento del mercado local y vende 710 mil de las 950 mil t que se consumen y exporta unas 440 mil t entre los meses de noviembre y mayo.

Las entidades hicieron una presentación ante Defensa de la Competencia, porque «los productores no están pagando por la urea un precio razonable», afirmaba Eduardo Rodríguez Arias en representación de CRA. El economista en jefe de la Sociedad Rural Argentina, Ernesto Ambrosetti, destacaba que no hay motivos suficientes como para entender por qué los precios al productor son tal elevados en el mercado interno.

Sobre este punto, cabe señalar que mientras en 1999 y 2000 se importaron alrededor de 600 mil toneladas (50% procedente de Rusia, Ucrania y Alemania), en 2002 el ingreso de la urea se redujo a menos de 200 mil toneladas, de acuerdo con datos oficiales.

Recordemos que los biocombustibles se obtienen a partir de productos vegetales como el girasol, la soja, el maíz, el sorgo o la caña de azúcar. Hay un fuerte interés en los países desarrollados en promoverlos ante la certeza de que la existencia de combustibles fósiles es finita.

El proyecto establece «el corte obligatorio de 5% y beneficios impositivos importantes con estabilidad fiscal». Su propósito es enviar un «claro mensaje de que vamos hacia energías renovables y limpias». Una planta de biodiésel, capaz de elaborar 100 mil t al año, cuesta unos 15 millones de dólares.

El corte a 5% significa una necesidad de 600 mil t de biodiésel al año. En cuanto al alcohol, la fuente principal sería la molienda de maíz. Una tonelada de este cereal provee 400 litros de alcohol y 600 kilos de un coproducto que se destina a la alimentación animal.

La Argentina es el segundo exportador mundial de maíz con embarques del orden de los 10 millones de toneladas anuales que salen sin ningún grado de elaboración. Los biocombustibles significan tecnología y elaboración; en definitiva, servirán para agregar valor a la producción local de commodities.