El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo que "la sociedad debe saber que el sector rural es uno de los que presenta el mayor nivel de informalidad laboral", en vísperas de un nuevo paro de comercialización decidido por la Mesa de Enlace.
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El funcionario agregó que "aproximadamente el 69 por ciento de los empleados del sector agrícolo-ganadero se mantienen en la informalidad: sobre los 1.376.000 trabajadores del sector rural, 950.000 cumplen sus tareas en la plena informalidad".
"Esto lo reconoce el propio RENATRE, por lo tanto no es razonable que el Estado convalide esa situación a partir de la generación de beneficios impositivos adicionales que conspiran contra la formalidad y el trabajo digno", indicó.
Echegaray formuló estas declaraciones al salir al cruce de las críticas del campo al veto a uno de los artículos de la emergencia agropecuaria que los eximía de pagar derechos de exportación a distritos bonaerenses por parte de la presidenta Cristina Kirchner, una norma aprobada por unanimidad en Diputados.
Echegaray destacó que "la producción agrícola no está gravada por los derecho de exportación, que lo pagan exclusivamente los exportadores. Se aplica cuando se produce el traslado físico de mercadería cruzando la frontera con destino a otro país".
"La norma aprobada por los legisladores no cambia en nada desde el punto de vista de la ejecución de la política tributaria. Han declarado exenta una actividad (producción agropecuaria) del pago de un tributo (derechos de exportación), que no estaba alcanzada por el gravamen", agregó el funcionario, según un comunicado de prensa, luego de un raid por varias radios porteñas.
Explicó que los beneficios que aún mantiene la ley "son precisamente el diferimiento del pago del pago de impuesto a Ganancias, Bienes Personales, Ganancia Mínima Presunta y todos los impuestos que se puedan crear en materia de capital y patrimonio.
Además, dijo que la Emergencia Agropecuaria prevé "la ampliación de los fondos destinados a planes sociales y la adopción de medidas que preserven y restablezcan las relaciones de producción y empleo".
Echegaray especificó que "los aportes patronales se fundamentan en la necesidad de mantener la intangibilidad de los recursos de la seguridad social cuyo destino es financiar prestaciones previsionales, de desempleo, asignaciones familiares y salud.
Destacó que "se trata de un sistema solidario, donde el interés general está por encima del particular".
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