El campo pide una ley para compatibilizar planes sociales y trabajo rural y evitar la pérdida de mano de obra

Con la finalización del decreto que permitía combinar el empleo formal con los planes sociales, aumenta la preocupación por la posible pérdida de puestos de trabajo en distintas regiones productivas.

Desde el sector piden restablecer la compatibilidad entre planes y empleo rural para frenar la informalidad.

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La finalización del decreto 514/2021, que permitía compatibilizar los planes sociales con el trabajo rural temporario, encendió las alarmas entre el sindicato que representa a los trabajadores rurales y productores agropecuarios. La medida había sido una herramienta fundamental para incentivar la registración de trabajadores y reducir la informalidad en sectores donde el empleo es estacional, pero ahora su caída deja a miles de familias rurales frente a una disyuntiva: aceptar un empleo formal y perder la asistencia estatal o mantenerse en la informalidad para conservar ese ingreso mínimo.

El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, sostuvo en diálogo con Ámbito que esta situación rompe un equilibrio que costó años construir. Señaló que “la compatibilidad entre ambos sistemas había permitido que los beneficiarios de programas sociales accedieran a empleos formales sin renunciar a la ayuda del Estado”, lo que se tradujo en más trabajadores registrados y mayor protección social.

Para el dirigente, el final del decreto implicó un retroceso que ya afecta a las provincias del norte y de la región Cuyo, donde la producción depende de cosechas cortas y mano de obra migrante. La falta de incentivos para formalizar el trabajo amenaza con incrementar la precarización y frenar la recuperación de las economías regionales.

Voytenco recordó que el decreto 514/2021 se diseñó para eliminar uno de los principales obstáculos del empleo rural: el temor de muchos trabajadores a perder los planes sociales si aceptaban un contrato formal. La norma permitió integrar a miles de familias rurales al circuito legal y garantizó estabilidad en las cosechas, la logística y buena parte del ciclo productivo.

En septiembre, al vencer la prórroga, la medida perdió vigencia y generó un vacío normativo. Según el titular de UATRE, esa indefinición colocó al campo ante un escenario preocupante, donde la falta de reglas claras desalentó el empleo registrado. Por eso, el dirigente rural reclamó durante un encuentro sobre economías regionales convocado por la senadora Nora Giménez en el Senado de la Nación, que “el Estado debe actuar con rapidez y sensibilidad; no se puede permitir que un error administrativo empuje a la gente a la informalidad”.

El pedido concreto de los representantes de los trabajadores rurales es que se restituya la compatibilidad mediante una nueva prórroga de la norma o una ley específica adaptada a la realidad del trabajo rural. Es que en provincias donde las cosechas son la principal fuente de ingresos, la falta de políticas sostenidas y la competencia de países vecinos están provocando un repliegue productivo.

Esto último es lo que ocurre con la producción de yerba mate en el noreste del país. Según los productores, los precios de la hoja verde no cubren los costos, lo que provoca que los ingresos de los tareferos se ubiquen entre los más bajos del país y las oportunidades laborales se reduzcan cada campaña.

En ese escenario, la compatibilidad entre planes y empleo formal funcionaba como un incentivo para mantener la producción y evitar la migración laboral, pero con la eliminación del decreto los trabajadores pierden una oportunidad y los productores se quedan sin la mano de obra necesaria para sostener la actividad.

Informalidad en la cosecha de yerba mate

Desde la provincia de Misiones, Christian Klingbeil, referente agropecuario, coincidió con el diagnóstico y consideró que el problema ya se refleja en el terreno. En diálogo con Ámbito explicó que la combinación entre la crisis económica provincial y la caída del decreto genera un efecto negativo tanto para los obreros como para los pequeños productores. A su entender, la falta de una norma permanente vuelve a exponer a los trabajadores al dilema de elegir entre el empleo formal o la asistencia social.

Klingbeil afirmó que la situación “no debería ser motivo de conflicto para nadie” y que ante esta situación se genera un desaliento a la registración. Recordó que la compatibilidad no representaba un costo adicional para el Gobierno y, en cambio, fortalecía los aportes jubilatorios y el empleo registrado. Destacó además que “sin esa herramienta, la tendencia será contraria: menos formalización, menos recaudación y más trabajo en negro”.

El productor misionero también advirtió sobre la fuga de mano de obra hacia Brasil y Paraguay, un fenómeno cada vez más visible en las zonas limítrofes. Según explicó, muchos trabajadores rurales optan por cruzar la frontera en busca de mejores condiciones, lo que deja a las chacras locales sin personal suficiente para las tareas de cosecha. Por eso, advirtió que “la compatibilidad era una forma de retener a la gente y sostener la producción. Sin esa posibilidad, el norte argentino perderá aún más competitividad”.

El desafío de sostener el trabajo formal

Los datos del Ministerio de Trabajo —avalados por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE)— confirman la gravedad del problema: más del 60% del empleo rural temporario continúa fuera del sistema formal. Para la UATRE, el fin del decreto solo profundiza esa tendencia. Voytenco recordó que durante su vigencia muchos trabajadores se animaron a registrarse, ya que podían conservar el plan social y acceder a los beneficios de la seguridad social.

El dirigente sindical advirtió que “si no se restablece pronto la compatibilidad, el impacto se trasladará a toda la cadena productiva. La falta de previsibilidad desincentiva las inversiones, genera escasez de mano de obra calificada y debilita la trazabilidad que exigen los mercados internacionales”.