La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) advirtió que la inundación que golpea a la cuenca del río Salado se convirtió en uno de los episodios más severos de los últimos años. Más de 3,8 millones de hectáreas productivas quedaron comprometidas y la entidad estima que el impacto económico podría trepar a u$s2.000 millones.
Inundaciones en Buenos Aires: casi seis millones de hectáreas de campo bajo el agua y pérdidas cercanas a u$s2.000 millones
Como consecuencia, también resulta afectado el Río Salado. La Carbap reveló las estadísticas mediante un informe.
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Las inundaciones afectan fuertemente al campo.
Imágenes satelitales registradas entre el 11 y el 13 de noviembre permitieron calcular que cerca de 2.000.000 de hectáreas siguen directamente cubiertas por agua o anegadas, mientras que el área total afectada bordea las 3,8 millones de hectáreas.
En muchas de ellas, aun cuando el agua no es visible, las condiciones del suelo volvieron imposible realizar cualquier labor agrícola, dejando vastos territorios totalmente fuera del circuito productivo.
Los municipios más comprometidos por las inundaciones
El impacto territorial abarca varios distritos de la cuenca del Salado, que suman más de 4,5 millones de hectáreas alteradas por el avance del agua. Los partidos con números más altos son Bolívar (169.224 hectáreas), 9 de Julio (136.797), Pehuajó (109.366), 25 de Mayo (106.838), Lincoln (106.102) y Carlos Casares (105.008 hectáreas).
En ese grupo, más de 1,1 millones de hectáreas permanecen directamente bajo agua. A la vez, en numerosos campos la falta de accesos o la imposibilidad de utilizar maquinaria agrícola profundizó el parate productivo.
Casi seis millones de hectáreas de campo resultaron afectadas.
La ventana de siembra para soja y maíz está a punto de cerrarse y Carbap advirtió que más de 1,5 millones de hectáreas podrían quedar improductivas este año. Si esa superficie pudiera implantarse bajo la proporción usual, 60% soja y 40% maíz, el circuito económico dejaría de recibir cerca de u$s2.000 millones en 2026.
“Están en juego alrededor de u$s2.000 millones que dejarían de ingresar al circuito económico en 2026”, remarcó la entidad.
Impacto económico
El daño económico excede largamente al sector agrícola. Contratistas, transportistas, proveedores, talleres, comercios y pymes de la región sufrirán una caída en su actividad, mientras que municipios, provincia y Nación verán mermada su recaudación.
Desde Carbap sintetizaron el panorama con un mensaje contundente: “La conclusión es simple: todos perdemos, mientras las obras siguen sin aparecer”.
La cuenca del Salado, que ocupa alrededor de 17 millones de hectáreas, aporta el 25% de los granos del país y alberga el 28% del stock bovino nacional.
La persistencia de la inundación durante nueve meses volvió a exponer la falta de avances en obras estratégicas como el Plan Maestro del Río Salado, cuya ejecución arrastra más de diez años de demoras. Según la entidad rural, la carencia de estas estructuras es una de las principales razones por las cuales millones de hectáreas permanecen bajo riesgo permanente.
Responsabilidades estatales
En su informe, Carbap señaló que los intendentes tienen a su cargo el mantenimiento de la red vial rural, financiada mediante la tasa vial, las guías de traslado y una parte del impuesto inmobiliario rural.
No obstante, advirtió que una porción significativa de esos recursos suele destinarse a otros fines, lo que produce caminos intransitables y un incremento directo de los costos logísticos tanto para productores como para consumidores.
Por su parte, la provincia de Buenos Aires es responsable de ejecutar las obras contempladas en el Plan Maestro del Río Salado. Según los cálculos de la entidad, el avance apenas superó la mitad de lo previsto, pese a que las obras debían finalizar hace una década.
Mientras tanto, el presupuesto bonaerense para 2026 establece un incremento del 100% en el impuesto inmobiliario, más de u$s70 millones adicionales, pero solo asigna poco más de u$s4 millones a ese plan hídrico, una diferencia que Carbap calificó como inadmisible.
En el plano nacional, la organización recordó que el Estado recauda más de u$s 1.000 millones por año en retenciones únicamente en esta región. También existe un fondo hídrico de infraestructura, financiado con un impuesto específico sobre los combustibles.
Aun así, el Presupuesto 2026 no contempla partidas para las obras del Salado, lo que para la entidad representa un grave error con consecuencias económicas extendidas.
Frente a este escenario, Carbap reclamó que los tres niveles del Estado asuman su responsabilidad y fijó una meta concreta: que el Plan Maestro del Río Salado esté totalmente finalizado para 2030. Aseguró que no se trata de una aspiración, sino de una obligación moral, productiva y social, y exigió un compromiso público, verificable y permanente para alcanzar ese objetivo.
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