El revalúo inmobiliario desalentará la inversión

La actividad agropecuaria nuevamente se lo ha puesto en la mira. De manera reciente, desde la gobernación, se lanzó un programa de revalúo de la tierra, lo que provocará una vez más desaliento a la inversión y un castigo a aquellos que lo único que saben es producir. Las valuaciones fiscales son la base para determinar el monto a pagar por los contribuyentes por los impuestos provinciales de sellos e inmobiliario, pero también se tienen en cuenta para calcular los impuestos nacionales a los bienes personales y renta mínima presunta.

En consecuencia, su determinación tiene para los productores rurales una significación muy importante, por sus implicancias no sólo en el orden fiscal provincial sino también nacional. Si se recuerda que el valor de la tierra representa generalmente el porcentaje más alto en la composición del patrimonio de los productores agropecuarios afectados por el impuesto a los bienes personales, fácilmente se comprenderá la importancia de la cuestión.

Los aumentos que pretende la provincia resultan intolerables para los productores agropecuarios y por ello han sido rechazados por la mayoría de las organizaciones rurales.

El campo le dice no a estos revalúos por lo siguiente:

a) No se ha informado cual es la base técnica en la que se apoyan y, dado los valores que se proponen, puede suponerse que se intenta establecer valores que tengan en cuenta exclusivamente los de mercado, olvidando las demás condiciones exigidas por el art. 64 de la Ley 10.707 T.O. Ley 11.808. En efecto, el valor fiscal de la tierra, no es el valor venal o de mercado.

• Valuación

Se trata, de un valor a los fines fiscales (valuación fiscal), que debe tener en cuenta, además de los valores de mercado, las condiciones agrológicas (clima, humedad, temperatura, estado de suelo, etc.): las condiciones agronométricas (productividad o volúmenes de producción por unidad de superficie para lo cual será ineludible considerar fertilidad, profundidad, textura y composición del suelo, cantidad de materia orgánica, etc.) y; finalmente las características económicas.

b) Los valores propuestos son meramente especulativos y se encuentran alejados de la realidad, ya que son pocas las operaciones que se realizan.

c) Al considerar valores de mercado de la tierra rural libre de mejoras, corresponde deducir los correspondientes a las mismas, que según los especialistas representan entre 15 por ciento y 20 por ciento.

d) Dadas las atípicas condiciones económicas y financieras por las que atraviesa actualmente el país, no es sensato suponer que los precios de los pocos negocios inmobiliarios rurales que se realizan sean representativos y sustentables a lo largo del tiempo.

e) Es necesario resaltar que un productor rural no puede pagar impuestos sobre su tierra, en función de lo que la misma podría costar, como si a alguien se le ocurriera transformarla en club de campo o en barrio cerrado. Obsérvese que cuando estos cambios de uso ocurren, la tierra rural deja de ser tal para transformarse en urbana.

f) Para los productores agropecuarios no tiene importancia cuál es el valor venal de la tierra, ya que la tienen para producir y no para especular. g) El valor de la tierra a los fines fiscales ya se encontraba determinado con anterioridad y en consecuencia sólo corresponde actualizar este valor por índices que permitan recomponer el valor perdido por el impuesto, sin aumentar la presión tributaria y que tengan presente la capacidad contributiva de la población rural.

h) La provincia de Buenos Aires ya dispuso la actualización de ese valor desde el 1/1/ 03 hasta el 31/12/03, sobre la base de pautas que consideró adecuadas y sobre las cuales no puede volver. La proporcionalidad es la base de la carga pública. Por ello no puede admitirse que el campo sea agredido con nuevos incrementos desproporcionados de su carga tributaria. No es posible que las autoridades provinciales sigan sin comprender la realidad del campo, verdadero motor de la economía de este país, sobre cuyas espaldas se ha colocado la pesada carga de solventar a través de las retenciones a las exportaciones de origen agropecuario, las necesidades de una clase social postergada por la incapacidad de nuestra clase política de generar la riqueza indispensable para permitir dar ocupación y trabajo.