En dos meses se define el conflicto con los EE.UU.
El importador de los Estados Unidos debe pagar un derecho de importación de 50% a 60%, cuando compra miel argentina.
Hasta ahora no ocurrió, porque la cosecha fue menor y se embarcó mucha miel en los cuatro primeros meses del año y los apicultores no venden mucho volumen.
Si sigue esta tendencia durante el corriente año, no debería haber movimientos de precios a la baja. Ghirardi señaló que en el próximo año, todo dependerá de la decisión final que se tome en los próximos dos o tres meses, más la futura cosecha en 2002.
En tanto un incremento de precios en el mercado estadounidense se produjo como consecuencia de esos derechos y ha sido absorbido por sus consumidores. Dependiendo del volumen de la cosecha argentina de 2002, parece difícil que el año próximo, 50% de derechos pueda ser absorbido totalmente por los adquirentes de miel argentina.
Precios
Es probable que una parte de los derechos que se aplican, lo absorba el mercado estadounidense; el resto se buscará descontarlo del valor de mercado. Si disminuye la cosecha argentina, es posible que los valores no se vean afectados.
Ghirardi hizo hincapié en que tanto el gobierno nacional como los exportadores y las entidades de apicultores, trabajan intensamente, pero las exigencias son difíciles de cumplimentar.
Ghirardi explicó además que la tarea de los técnicos norteamericanos tuvo como objetivo cumplir con lo que ellos llaman «proceso de verificación» y fue ampliamente satisfactorio en lo que hace a los datos presentados por la entidad de cooperativas.
«Son reales -afirmó-, pero queda una discusión legal de cómo se deben tomar esos datos y la parte más conflictiva, que es demostrar que el costo de los apicultores no es de $ 1,26 o $ 1,098 por kilo, sino bastante menor.» El derecho de importación fue establecido al no poder cumplirse con la formalidad que exige el Departamento de Comercio, para demostrar que el costo es de 70 a 80 centavos por kilo.
«Lo que debe demostrarse -aclaró Ghirardi-es que el costo que ellos tomaron no es representativo de la Argentina, sino que se trata de mode-los aislados que no reflejan la realidad de los apicultores del país.»
El problema es que al no tener posibilidad de demostrar con las exigencias de Comercio de los Estados Unidosque el costo era de 700 dólares por tonelada, en alguna medida se perdió la instancia que permite demostrar que los datos del demandante no son representativos de la apicultura argentina. Ghirardi señaló que en cuanto hace a los costos de los exportadores, se atendieron todos los pedidos.
Pero ellos toman básicamente el costo de producción y a partir de allí, se suma el costo de los exportadores, para un valor básico. «Pero lo que falla es el costo de producción», enfatizó.
Y agregó que «no se ha podido demostrar la realidad y tratamos de abrir una instancia para que se analice la cuestión desde otro punto de vista». Después se abren otras instancias, como la revisión anual a pedido de las partes. «Cada parte utilizará argumentos legales o no legales, tras lo cual se llega a una etapa en la cual se deter-mina desde la Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos si hubo daños o no, ya que existen normas que establecen que si no hubo daños, el recargo de importación se anula», expresó Ghirardi.
En el caso de que haya daño, como baja de precios, se abre una instancia judicial y si esto no es satisfactorio, se eleva el tema a la Organización Internacional de Comercio, sobre el «dumping» reglamentado por los convenios internacionales.
Las alternativas son varias, pero de muy largo plazo. «Si en setiembre u octubre, los Estados Unidos resuelven que el recargo debió ser, por ejemplo de 20%, se devuelve el exceso, y en setiembre de 2002 se haría una revisión adicional para ver si el derecho fijado un año antes se ajustó a la realidad», concluyó el funcionario de la ACA.
