Entidades rurales rechazaron el aumento al impuesto inmobiliario

Las cuatro entidades más importantes del agro rechazaron hoy el nuevo aumento en el impuesto rural inmobiliario en la provincia de Buenos Aires y anunciaron que mañana se reunirán con el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Ismael Passaglia, para explicarle las razones por las cuales no pueden afrontar los incrementos.

La intención de las entidades, Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas -y su filial bonaerense CARBAP-, CONINAGRO y la Federación Agraria Argentina, es que Diputados no apruebe el proyecto que ya cuenta con la media sansión del Senado.

Asimismo, las entidades no descartaron realizar algún otro tipo de acción de protesta en contra de la decisión del Gobierno, ya que -según explicaron- "el campo ha reaccionado fuertemente frente a este aumento".

El proyecto presentado por el Gobierno de Felipe Solá establece aumentos de hasta el 120 por ciento por este impuesto, en algunas zonas de la provincia.

Este impuesto se paga en 3 cuotas anuales, aunque se puede pagar por adelantado con un beneficio del 10 por ciento de descuento.

Durante una conferencia de prensa en la sede de la Sociedad Rural Argentina, el presidente de esta entidad, Luciano Miguens, se manifestó sorprendido porque el Gobierno provincial "no haya permitido que el campo presentara sus argumentos sobre lo perjudicial que resulta este aumento".

En este sentido, Miguens explicó que la reunión de mañana es para "intentar hacer comprender esto al Poder Legislativo, ya que el Ejecutivo tiene decidido aplicarlo".

"Este aumento, superior al 80 por ciento en promedio, excede lo que el productor agropecuario puede pagar", aseguró el titular de la SRA y adelantó que "atenta contra el capital del trabajo y la producción".

Miguens advirtió que "este aumento es inflacionario e inequitativo", y señaló que "hay zonas que se pueden convertir en zonas de emergencia por la sequía rigurosa que se transformó en un grave peligro, y sin embargo van a pagar 120 por ciento de aumento".

Asimismo, los representantes de las cuatro entidades destacaron que al modificarse la coparticipación para los municipios en el presupuesto provincial de 2006, los productores agorpecuarios tendrán que hacer frente además a posibles aumentos municipales.

"Al tener menos coparticipación, que pasa del 50 por ciento al 35 por ciento, puede incidir en posibles aumentos en las tasas viales o municipales", señaló Miguens. Por su parte, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y Córdoba (CARBAP), Javier Jayo Ordoqui, subrayó que "la presión tributaria que recibe el campo es del 48 por ciento en total".

"He escuchado decir al gobernador Solá que el campo tributa mucho, pero no a la provincia. Sería bueno que le reclame a la nación por el aumento a las retenciones y no aumentar el impuesto inmobiliario", cuestionó Jayo Ordoqui.

Asimismo, señaló que "CARBAP ha convocado a todas sus sociedades rurales para reaccionar ante esto antes de fines de enero próximo".

Por otra parte, el dirigente aseguró que "si siguen estas presiones el campo va a tener muchas dificultades en 2006".

En el mismo sentido, el director de la Federación Agraria Argentina, Robero Molini, aseguró que este aumento "se suma a una carga impositiva casi insoportable".

"Esto hace que haya un malestar casi generalizado porque apuntan una vez más al sector agropecuario y al interior por el achique de la coparticipación", consideró Molini.

En este sentido, manifestó que "en vez de incrementarse producciones se las desalienta".

Sin embargo, el dirigente dijo que las entidades "no recomiendan la desobediencia fiscal".

Asimismo, Molini señaló que "la entidad no descarta alguna manifestación en el interior durante enero, para demostrar el total disconformismo con esta paliza tributaria provincial y nacional".

Por su parte, el consejero titular de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Carlos Roppel, aseguró que "el Gobierno nacional ya se apropió de la supuesta renta del campo".

"Este aumento está demostrando las necesidades fiscales del Estado, pero no hay ningún estudio con criterio diferenciales por zonas", aseguró Roppel.

En este sentido, pidió "un trabajo más profundo, con evaluaciones y análisis ordenados" y consideró que "hay que evaluar además la cobrabilidad de este impuesto".

"Puede parecer que estamos amenazando, pero lo que hacemos es un llamado a los legisladores a que cuando voten tengan en cuenta los lugares de dónde vienen", señaló Roppel en cuanto a una posible manifestación por parte de los productores agropecuarios.

En tanto, el presidente de de la Confederación Rural Argentina (CRA), Mario Llambías, señaló que "las entidades rurales vienen peleando para que no se dispare el aumento de precios, por eso también tendrían que haberlas convocado para hacer un pacto fiscal".

"Hay disconformidad en el campo y esta falta de diálogo va a provocar menor inversión", adelantó Llambías.