Los principales frigoríficos exportadores demandarán al Estado por más de cien millones de dólares en reclamo de un resarcimiento por el año en que la actividad estuvo paralizada ante el brote de aftosa, que derivó en el cierre de los mercados externos.
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Luego de la situación de suspensión de los embarques las industrias del sector paralizaron la actividad durante 12 meses y la administración De la Rúa les dio exenciones impositivas para morigerar el volumen de las pérdidas.
Pero el gobierno de Eduardo Duhalde vetó ese plan de competitividad diseñado por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Por ese motivo, la Admnistración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a planear el cobro retroactivo de esa exención en el pago de impuestos por parte de las industrias exportadoras de carne, que se aplicó durante 2001.
El titular de la Asociación Argentina de la Industria Cárnica (Aiac), Héctor Salamanco, confirmó las presentaciones judiciales y precisó a Infosic que se trata "de acciones individuales que encaran las empresas" ante "un derecho que tienen para reparación de daños".
"Por incompetencia, impericia y falta de criterio", enumeró Salamanco respecto de la responsabilidad del Gobierno en el control de la aftosa que derivó en la suspensión de los embarques, por un monto cercano a los 600 millones de dólares.
Durante los últimos meses del gobierno de Carlos Menem se declaró a la Argentina como "país libre de aftosa sin vacunación", status que le daba mayores posibilidades de ingreso irrestricto a los mercados mundiales.
Pero la suspensión de la vacunación y la falta de controles derivó en la reaparición de la enfermedad en varios establecimientos ganaderos, y la Organización Mundial de Epizootias recomendó a los países compradores que suspendan la importación del producto, situación que se extendió durante un año entero.
En ese contexto, tanto ganaderos como frigoríficos exportadores asistieron a una caída de la actividad, y tras suspender en forma temporaria a los trabajadores denunciaron multimillonarias pérdidas.
Ahora reclaman un resarcimiento por la vía judicial.
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