Luego de innumerables reclamos formulados por la dirigencia agropecuaria, el gobierno nacional cumplió, finalmente, con su dilatado anuncio de eliminación de los impuestos distorsivos que gravan al campo.
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Todas las medidas apuntan a mejorar la rentabilidad del campo, sobre la base de una significativa reducción de ingresos fiscales por parte del Estado. Sin embargo, quedan asignaturas pendientes, como la ampliación de actividades beneficiadas, la eliminación del impuesto inmobiliario rural u otras, tendientes a lograr una mayor desregulación de la economía.
Las medidas son buenas, pero insuficientes para lograr el despegue del sector, que no es ajeno a los vaivenes de la economía argentina y que sufre una baja generalizada en todas las cotizaciones de sus productos.
Por medio del Decreto 935 se dispuso la eliminación de los impuestos sobre los intereses y Ganancia Mínima Presunta para determinadas actividades agropecuarias, así como se permitió el cómputo como crédito fiscal en el IVA de las contribuciones patronales.
Si bien estas medidas merecen todo nuestro aplauso, no son de efecto inmediato, como se preveía. Para poder acceder a ellas los productores deberán solicitar el beneficio a la AFIP, la que debería -cuanto antes-reglamentar la manera de solicitar formalmente dichos beneficios. Posteriormente, habrá que aguardar que se, publique en el boletín oficial la nómina de productores beneficiados, para recién a partir del día siguiente a que ello ocurra poder gozar de los tan anhelados beneficios impositivos.
Asimismo, si bien la nómina de actividades agropecuarias alcanzadas es amplia, ya que abarca ganadería, agricultura, frutihorticultura, apicultura, avicultura, forestación y numerosos servicios conexos, como labranza, fumigación, cosecha, inseminación artificial, etc., por vía reglamentaria es necesario incorporar a los arrendamientos, que es una modalidad muy usual en el campo. Son numerosos los casos de un mismo conjunto económico, donde una sociedad es la propietaria y otra, la que realiza la explotación; pero en el actual esquema, sólo la segunda será la beneficiaria de la reducción impositiva.
Dentro del marco de la actual política económica, diversos sectores suscribieron diferentes convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo. Básicamente, conceden los beneficios que se dispusieron para las actividades agropecuarias y otras de tipo más particular, que atienden las peculiaridades en que se desenvuelve la mayoría de las economías regionales.
•Planes
En el agro, hasta la fecha, firmaron convenios la industria frigorífica exportadora y los sectores algodonero, celulósico-papelero, peras y manzanas, arroz, yerba mate, vitivinicultura, bananas y cítricos, y están en proceso de negociación muchos otros. A modo de ejemplo, podemos decir que algunos convenios disponen la devolución de impuestos pagados, que mejoran la rentabilidad de ciertas producciones que están hoy muy castigadas. La Nación es la que resigna los mayores recursos, y las provincias, en general, se comprometen a eliminar los impuestos sobre Ingresos Brutos y Sellos. Como una asignatura pendiente queda la derogación de los impuestos inmobiliarios rurales.
Dentro de las disposiciones de la ley ómnibus que instituye el déficit cero se encuentra el aumento del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, cuya alícuota se incrementa a 0,6 por mil. La novedad es que 58% del impuesto podrá tomarse como pago a cuenta de Ganancias, Ganancia Mínima Presunta e IVA y, ahora también, para cancelar contribuciones patronales.
En otro orden, se dictaron precisiones con relación al factor de convergencia para las exportaciones agrícolas y se introdujeron modificaciones en el régimen de devolución de IVA para los exportadores, de modo de acelerarlos, siempre y cuando tengan un respaldo de movimientos bancarios. Además se eximió del Impuesto a las Ganancias a los cobros del referido factor de convergencia, los que se asimilan impositivamente a los reintegros de exportaciones. Todas estas medidas apuntan a mejorar el precio de los commodities.
Finalmente, tendrá un impacto financiero beneficioso en el sector el nuevo tratamiento que se dispensará al IVA, que cambiará próximamente de devengado a percibido.
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