Los impuestos son un duro golpe al campo

El sector agropecuario argentino es uno de los pocoscasos a nivel mundial que ha soportado transferencias significativas de ingresos hacia el Estado, con una presión fiscal mayor al resto de la economía. Salvo en períodos muy cortos, hace más de 50 años que soporta tipos de cambio diferencial, derechos a las exportaciones y retenciones anticipadas de impuestos.

Al mismo tiempo, las iniciativas tributarias apuntan siempre a gravar más a los agentes que operan en el circuito formal, y en lugar de perseguir a quienes operan en el circuito marginal. Las alícuotas elevadas de impuestos que se mantienen desde el período inflacionario de los años '80 y sistemas engorrosos de liquidar y controlar, aumentan la propensión a la evasión.

Las exportaciones de soja están gravadas con un derecho de exportación de 23,5% del valor FOB, y de harina y aceite de soja con 20%. Estos derechos se impusieron nuevamente en marzo de 2002, luego de la devaluación del peso, para asegurar la recaudación y frenar el alza de los precios internos de los productos alimenticios. La política de devaluación con altos impuestos a las exportacionesha sido recurrente en la Argentina desde mediados del siglo XX, con el objetivo de financiar el déficit fiscal y generar políticas de distribución de ingresos y financiar el gasto político.

No esperamos que se modifique favorablemente la situación actual de estos impuestos durante el actual gobierno, a pesar de que el FMI presiona para eliminar impuestos distorsivos. Además hay presiones de algunas provincias para que el impuesto sea coparticipable, e igualmente se pide que no sea reducido o eliminado para la soja por la preocupación de la tendencia al monocultivo. Es más, hay proyectos en el Congreso presentados por algunos diputados para aumentar la alícuota del derecho.

Los derechos de exportación implican para la producción de soja argentina, transferir al Estado sus ventajas comparativas y competitivas, frente a las zonas productoras de nuevo desarrollo en el Centro Oeste Brasileño, en Bolivia, Paraguay y Uruguay. Una de las principales ventajas comparativas es la localización de la producción muy próxima a los puertos, que implican costos más reducidos de comercialización. La principal ventaja competitiva es un paquete tecnológico y condiciones ambientales y de suelo que implican costos de producción significativamente más reducidos que sus competidores. Ambas ventajas se pierden con los derechos de exportación.

El 70% de la producción de soja en la Argentina está localizada a unos 400 kilómetros de los puertos de exportación que cargan directamente a buques de ultramar. Para 30% restante, y en especial para la producción del Noroeste Argentino con costos de fletes de 25 a 30 u$s/t a Rosario, los derechos de exportación pueden implicar que deje de ser rentable la producción de soja cuando los precios internacionales vuelvan a sus niveles normales.

Las ventas de soja en el mercado interno (aunque tenga destino de exportación) son gravadas con IVA en 10,5% que se adiciona al precio FAS. No obstante, el productor cobra de contado sólo 2,5% del débito de IVA, y luego a los 30 días la AFIP le devuelve otro 7% contra presentación de documentación, y 1% sólo lo recibe con un certificado de libre disponibilidad de impuesto retenido. Aún no se comprende la lógica del esfuerzo de recaudar un impuesto en bienes exportables, para luego intentar devolverlo.

Los insumos están gravados en su mayor parte con 21% de IVA (semillas, agroquímicos, fertilizantes, y gasoil). Energía eléctrica y gas tienen 27% de IVA. La contratación de labores y cosecha, y los arrendamientos y maquinarias pagan 10,5% de IVA. Este diferencial de alícuotas de IVA débitos y créditos, y además agravado por las retenciones de IVA en la venta, generan acumulación de créditos a favor del productor, con dificultades importantes para pedir luego exenciones o devoluciones.

Las operaciones de canjes de insumos y maquinarias por granos (pago en especie) permiten compensar el IVA sin retenciones, y esto ha motivado una creciente operatoria que se estima próxima a las 10 millones de toneladas anuales de granos. El productor también utiliza en forma creciente los granos como moneda de cambio desde la devaluación y pesificación de los depósitos bancarios (almacena los granos en el campo, con gran difusión del silo-bolsa).

El IVA sería neutro a los precios actuales de la soja y con rindes de 3.000 kg/ha, cuando es en campo propio, pero se acumulan saldos a favor del productor de difícil recuperación si se produce en campos arrendados. Esto alienta la comercialización marginal.

En la venta de los granos se aplica además una retención de 2% como anticipo del Impuesto a las Ganancias, que luego anualmente pagan las empresas con una alícuota de 35% sobre el resultado fiscal. Además, durante el año, las empresas pagan cuotas de anticipos bimestrales de un valor igual al impuesto determinado en el ejercicio anterior. La nueva iniciativa de la AFIP intenta llevar la retención de ganancias a 7% y 9% para las ventas de granos, hecho que generará mayor evasión y gravará a los que ya pagan nuevamente.

Algunas provincias, como en Buenos Aires, gravan con 1% de Ingresos Brutos las operaciones de compraventa de granos. En estos momentos se está discutiendo en el Congreso el nuevo proyecto de coparticipación federal de impuestos,que debería incluir una solución de unificación de criterios tributarios y simplificación como ocurrió en los '90 con el pacto fiscal federal, pero no hay seguridad de que ocurra.

Los combustibles en general están gravados con el ITC. En el caso del gasoil es un 12% sobre el valor antes de otros impuestos. Este impuesto se toma como crédito fiscal a cuenta del Impuesto a las Ganancias, cuando se trabaja con maquinarias propias, pero en el caso de maquinaria contratada, el crédito fiscal es para el contratista. La tierra está gravada por el Impuesto Inmobiliario Rural, que es diferente para cada provincia y está relacionado con el valor fiscal de la tierra. Adicionalmente, en algunas provincias pampeanas los municipios cobran una tasa vial, que en general no se usa para el mantenimiento de caminos sino un mínima parte, y se ha constituido en un impuesto.

La estructura impositiva argentina además de ser pesada y engorrosa, genera la necesidad de contar con complejos sistemas y asesoramiento de gestión contable para poder presentar los impuestos debidamente. Y, al mismo tiempo, que permitan una adecuada planificación de las actividades en función de su proyección tributaria, para minimizar el impacto y los riesgos de exposición.

Con los altos precios históricos registrados en la actual campaña, se atempera el impacto de la carga impositiva, pero se lleva gran parte del valor agregado y de la ganancia generada.

Con precios promedio históricos, la carga tributaria actual quitaría gran parte de la rentabilidad en campo propio, y no se podrían mantener los costos actuales de alquileres en quintales por hectárea.