Misiones postergó la prohibición de uso glifosato

La provincia permitirá el uso del herbicida hasta julio de 2030, cinco años después de la fecha prevista en la ley original. La medida se celebró el agro pero aseguran que es sólo una batalla.

La provincia de Misiones busca desde hace tiempo virar hacia la agroecología y si bien es una medida que tiene pros y contras, queda claro que los mecanismos empleados por quienes llevan adelante la política productiva no fueron sustentables y mucho menos sostenibles para lograr el objetivo.

El gobierno de Misiones cedió al reclamo de los productores de té, yerba, forestación y demás actividades productivas, que desde que se conoció la propuesta oficial que obligaba a los agricultores a producir de manera agroecológica, comenzaron a reclamar aduciendo que no existía en el mercado un sustituto eficaz ni tampoco aprobado por los compradores del resto del mundo.

De esta manera, se aplazó por cinco años la prohibición del uso de glifosato establecida en la ley de promoción de bioinsumos aunque al mismo tiempo se determinó que sólo podrán aplicarlo quienes acrediten la necesidad de uso para cumplir con “exigencias de mercado”. Claramente entraron en razón en la provincia, porque el plazo otorgado es más del doble del establecido inicialmente para dejar de usar una manera de producir que lleva décadas, lo que habla a las claras de una improvisación sin precedentes.

La provincia de Misiones busca desde hace tiempo virar hacia la agroecología y si bien es una medida que tiene pros y contras, queda claro que los mecanismos empleados por quienes llevan adelante la política productiva no fueron sustentables y mucho menos sostenibles para lograr el objetivo.

Es importante recordar que en 2023, la legislatura provincial sancionó la ley que promociona el uso de los bioinsumos sin tener en cuenta si sería posible mantener el entramado productivo local con los insumos desarrollados hasta el momento. La normativa pretendía prohibir el uso del herbicida más utilizado en el mundo en un abrir y cerrar de ojos, sin contemplar que miles de pequeños colonos, productores de te o yerba mate, quedarían excluidos del sistema.

Desde el sector primario, Cristian Klingbeil, productor de yerba mate y té, aseguró en diálogo con Ámbito que ““están reconociendo el error y en buena hora. Creo que la política sería mucho más respetada si todo el tiempo reconocieran las cosas que hacen mal y las modifican. De todas maneras, no es que ahora tenemos cinco años de vacaciones, tenemos que trabajar para que no avance esta prohibición y para que los sustitutos que quieren imponer realmente sirvan para matar las malezas y además cumplan con las normas que nos piden dentro y fuera del país”.

Según Klingbeil, el bioinsumo que promueve la provincia hay que usarlo cada 15 días, con lo cual es inviable desde el punto de vista de los costos de aplicación si se lo compara con el glifosato que se utiliza dos veces al año. “Así sea gratis, no sirve”, sentenció el productor misionero, recordando que el producto propuesto por la provincia aún no tiene precio de venta al público y se reparte sin costo para que se pueda probar en las fincas.

Uno de los temas que más preocupa a los agricultores es que en la prorroga sólo quedarían amparados quienes tienen sus producciones bajo algún tipo de certificación que impida el viraje hacia el bioherbicida. Es decir que los que por algún motivo no lograron hasta ahora aplicar a determinados mercados o requisitos comerciales, tendrán que acatar la ley provincial a partir de julio del año que viene.

Este es uno de los puntos que más controversias genera y por lo cual el reclamo del agro no cesará. Fernando Acosta, reconocido abogado misionero vinculado al agro y docente en derecho administrativo es quien lideró la presentación legal interpuesta por 80 actores del sector productivo cuando se sancionó la ley de prohibición. En diálogo con Ámbito explicó que “ahora los productores están más enojados que nunca, porque el decreto tiene serias contradicciones como así también ilegalidades. Fue una medida más política que jurídica, porque se establece una prorroga pero inexplicablemente en el mismo articulo se habla de una excepción que está destinada a determinados sectores que deben cumplir con exigencias estándares que nunca se dicen cuales son por lo tanto no se sabe qué van a tener que cumplir, con lo cual se deja abierta a la más absoluta arbitrariedad. Luego crean registros y exigen estudios de impacto ambiental que son carísimos. Agregan más costos y trámites que deberán cumplir los productores pero lo peor de todo es lo dispuesto en el artículo 3, donde limitan la superficie que se podrá utilizar el glifosato y su cantidad por año, es decir que se meten en las cuestiones productivas e intervienen en el trabajo del productor sin ningún tipo de criterio. Esto es muy grave”.

En tanto, Federico Landgraf, director ejecutivo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) aseguró a Ámbito que “es positivo que el gobierno de Misiones haya escuchado las necesidades y solicitudes de los productores misioneros. Sin embargo, esta prórroga no resuelve el principal problema que es la prohibición de un producto por decisiones no basadas en criterios científicos. El camino es ampliar cada vez más el abanico de herramientas para hacer más eficiente la gestión de los cultivos. Todas las herramientas biológicas y químicas que tengan un sólido respaldo regulatorio deberían poder competir libremente en el mercado para que el productor pueda elegir con cuál trabajar”.

Según explicó Landgraf, “el glifosato no es riesgoso para la salud humana cuando se utiliza siguiendo las recomendaciones de uso de la etiqueta. En Argentina está aprobado por Senasa, recientemente fue re-evaluado y aprobado nuevamente por 10 años en la Unión Europea (UE) y está registrado en más de 160 países”. Detalló que ante lo ocurrido en Misiones ve una oportunidad de trabajo conjunto con el gobierno provincial y agregó que desde la cámara “nos ponemos a disposición para acercar información basada en criterios científicos sobre el glifosato, capacitar en buenas prácticas agrícolas a los usuarios y promover iniciativas como las camas biológicas a fin de contribuir a una agricultura más sustentable en la provincia”.

El temor de los productores es que por el capricho de una gestión de Gobierno, se pierdan mercados que costaron muchos años conseguir y al mismo tiempo se inunde de yerba la plaza local porque Brasil y Paraguay tendrían el mercado argentino servido en bandeja. Además, el Ministerio del Agro en la provincia no tiene al día de hoy la infraestructura necesaria para relevar y controlar -por citar un caso- cómo se produce yerba mate en más de 200 mil hectáreas.

Queda mucho tiempo por delante, mucha agua deberá correr para ver de qué manera se producirá en unos años en la provincia de Misiones. Antes, todos en el poder político deberán refrendar sus cargos en las urnas y teniendo en cuenta que la yerba, el te, el tabaco y la forestoindustria son las actividades que más dinámica le dan a la economía, habrá que ver qué ocurre en cada una de las elecciones hasta llegar al 2030. El 57% de los productores tienen menos de 10 hectáreas y son cientos de miles los que podrían quedar en una situación de absoluta indefensión si esta medida avanza.