La ley contra el abigeato aprobada en el Congreso Nacional no termina de convencer a los productores del agro, que aún aguardan un instrumento que legisle la seguridad rural en forma más precisa, especialmente en lo que respecta a la protección de las personas que habitan en ese ámbito.
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La Cámara de Diputados trató sobre tablas y aprobó el miércolespor la noche, por expreso pedido del ministro de Justicia, Gustavo Béliz, un proyecto elaborado por el secretario de Seguridad, Norberto Quantín, que ya contaba con media sanción en el Senado desde diciembre, y se centra en el endurecimiento de penas para delitos por robo de ganado. Pero queda un tema pendiente, ya que el texto aprobado no contempla la defensa de la integridad física de las personas que viven en zonas rurales o despobladas. Estos temas quedaron postergados, pero se tratarían dentro de las próximas tres semanas en el Congreso, cuando se comience a discutir el proyecto elaborado por el diputado Guillermo Alchouron, de Acción por la República, y la justicialista Rosa Tulio, que incluye, entre otros puntos, el endurecimiento de las penas para delitos llevados a cabo «valiéndose de la indefensión que se sufre» en establecimientos rurales. «(El proyecto aprobado) no tiene en cuenta otros delitos más graves como son el homicidio, la violación y la privación de la libertad, que ocurren cotidianamente», alertó Alchouron.
La ley sancionada el miércoles dispone prisión de 2 a 6 años cuando se trata del robo de entre 1 y 4 cabezas de ganado, en tanto que se eleva a de 3 a 8 años, ya sin excarcelación, para 5 o más cabezas o si se utilizan medios motorizados para el transporte. Asimismo, se aplican penas de 4 a 10 años en caso de tratarse de delitos que cuenten con el agravante de haber sido perpetrados por bandas o personas que gocen de la condición de funcionario público. En lo que respecta al robo de maquinaria, cosechas, granos y demás productos y objetos separados del suelo que se encuentren dentro de la instalación rural, éstos seguirán regidos como hasta ahora por el artículo 163 del Código Penal, que estipula penas de 1 a 6 años.
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