«Los productores reciben presiones de pseudoentidades que dicen representar a semilleros», sostuvo ayer la Federación Agraria Argentina (FAA). La entidad señaló que la Ley 20.247 mantiene plena vigencia y es la única norma que reglamenta la propiedad y el comercio de semillas en el territorio nacional, garantizándoles a los obtentores la propiedad de su obtención vegetal al mismo tiempo que le confiere al productor el más libre ejercicio a su derecho de reservar semilla para su propio uso.
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«Nuestra entidad toma una decida posición recomendando a los agricultores que se asesoren con sus entidades representativas antes de contestar cualquier carta relacionada con el uso de semillas», indicó Pablo Orsolini, vicepresidente de la FAA, quien destacó que «esta práctica ancestral por parte de los agricultores es absolutamente legal y se encuentra exenta de cualquierlímite, y de toda gavela que intente sustraer cualquier empresa o entidad».
La FAA sostiene que la pretensión de cobrar futuras generaciones de semillas que obtenga el chacarero en base a su propia producción y reserva configura un acto ilegal al no estar contemplado por la Ley de Semillas, además de agraviar otras normas del sistema legal argentino que regulan la competencia.
Según Orsolini es estratégico para ordenar el sector regularizar el Instituto de Nacional de Semillas (INASE). «Desde 2004 duerme en el Ministerio de Economía el decreto que pone en ejercicio a sus autoridades reglamentarias. Es indudable que esta mora en la sanción sólo beneficia a quienes, a la sombra de la indolencia oficial, aprovechan para imponer sus fatuas pretensiones», indicó.
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