"Vaca loca" provocó una crisis política en la Unión Europea
Los agricultores deberán «producir lo que los consumidores quieren y no lo que consideran que pueden vender», afirmó el canciller. A su juicio, esta nueva política se refleja en las nuevas competencias del Ministerio de Agricultura. La nueva ministra será responsable de todos los aspectos de la protección del consumidor.
Avestruz
Los representantes de la industria cárnica y de los comercios de venta al por mayor de carne amenazaron con cerrar la mayor parte de los mataderos a partir de la próxima semana si el Ejecutivo no da respuesta a sus demandas.
En España, los sindicatos agrícolas, la oposición socialista e incluso diarios cercanos al gobierno están de acuerdo: las críticas llueven de todas partes contra el gobierno de José María Aznar, acusado de errar una y otra vez en su manera de abordar la crisis de las «vacas locas».
Una parte de la prensa citaba la dimisión de los ministros alemanes de Sanidad y Agricultura como un ejemplo a seguir por parte de sus homólogos españoles, Celia Villalobos (Sanidad) y Miguel Arias Cañete (Agricultura). «Dimiten los ministros de Agricultura y Sanidad por errores parecidos a los de Arias Cañete y Villalobos», titulaba el diario «El Mundo».
Estos dos ministros han sido acusados de haber negado inicialmente la existencia de la enfermedad de las «vacas locas» en España, luego de haber encendido la inquietud de la población tras el descubrimiento el pasado 22 de noviembre de un primer caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en el noroeste del país. En total, hasta ahora se han detectado cinco casos.
Villalobos eligió concretamente el día del descubrimiento de la primera «vaca loca» española para afirmar que existían en el país «mataderos clandestinos» en los que la carne no se sometía a ningún control sanitario. «No compren carne que no sea de calidad», recordó entonces la ministra. La adopción de un plan de 302 millones de dólares para detectar la EEB no logró calmar las dudas de los consumidores, que se tradujeron en un descenso de 25% en el consumo de carne bovina.
La opinión pública se alarmó con el descubrimiento en Galicia (Noroeste) de unos 300 cadáveres de vacas enterradas a toda prisa en una mina abandonada.
Tratando de dar una explicación sobre el tema, las autoridades regionales gallegas aseguraron que estas vacas, fenecidas de «muerte natural» en sus explotaciones, fueron abandonadas en aquel lugar sin control sanitario por no haber podido ser incineradas como lo exige la ley de esa comunidad, ya que los centros de incineración estaban saturados. «Villalobos da una imagen de los ganaderos españoles de delincuentes y clandestinos, causando pérdidas de miles de millones, utilizando la mentira, el engaño y creando una alarma social infundada», protestó el sindicato agrícola ASAJA, que presentó una demanda por difamación y exige 141 millones de dólares por daños y prejuicios contra el sector.

