La CGT recibió ayer el primer baldazo de agua fría posterior a la reestructuración del Gabinete al enterarse de que se dilatará la respuesta prometida por el Gobierno respecto de los fondos de sus obras sociales. Fue una de las conclusiones centrales de un encuentro que mantuvo la “mesa chica” de la organización con el jefe de ministros, Juan Manzur. Los dirigentes dejaron trascender su fastidio por la secuencia de fotografías promocionadas por el Ejecutivo con gremialistas sin una contraprestación respecto de sus demandas, en particular por financiamiento para sus prestadoras de salud.
La reunión, convocada por Manzur, tuvo como partícipes a dos de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, junto al adjunto de la central, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Alejandro Amor (municipales porteños, Sutecba). Junto al funcionario estuvieron su nuevo vicejefe designado, Juan Manuel Olmos, y la encargada de comunicación de la cartera, Valeria Zapesochny.
Los sindicalistas acudieron a la Casa de Gobierno a la espera de novedades respecto de las medidas económicas que tomará Sergio Massa luego de asumir pero se encontraron apenas con un nuevo pedido de respaldo por parte del tucumano. Manzur destacó la importancia de un entendimiento entre los actores del Frente de Todos, gobernadores, intendentes, gremialistas, organizaciones sociales y autoridades partidarias, para respaldar la nueva etapa del oficialismo con Massa como referente económico.
Auxilio
El jefe de Gabinete comentó que en la reunión “se abordó la importancia de asegurar los puestos de trabajo actuales, pero también de incrementar las oportunidades de empleo a futuro a partir de la inversión, del incremento de la producción y de agregar valor a lo que produce la Argentina”. No hubo mayores alusiones a la marcha convocada por la CGT para el 17 de agosto, que desde los sectores tradicionales salieron a poner en duda para no incordiar al nuevo ministro de Economía, a quien consideran un propio. Desde el espacio de Pablo Moyano y la Corriente Federal, sin embargo, exigieron su ratificación. Esta tarde habrá un debate de la “mesa chica” sobre el punto.
La participación de Olmos en la conversación de ayer habilitó que Lingeri, el mayor referente de la CGT en la problemática de las obras sociales, le consultara por el avance del auxilio financiero que Alberto Fernández había comprometido desde el año pasado. Para 2022 antes del pico inflacionario los dirigentes reclamaban que el Estado asumiera el costo de las prestaciones de educación y transporte de sus afiliados discapacitados por al menos 35 mil millones de pesos. Luego de los cimbronazos económicos de las últimas semanas, los costos totales extra calculados por los jefes de las obras sociales trepan a 100 mil millones de pesos.
Como informó este diario, el compromiso de Alberto se remonta al año pasado cuando garantizó una cobertura de 11.400 millones de pesos por los conceptos de discapacidad de los cuales sólo cubrió alrededor de $6.400 millones mediante aportes directos del Tesoro. Para este año la definición de la asistencia se delegó inicialmente en la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que terminó rechazada por la cúpula de la CGT, molesta por entender que la funcionaria no había encarado la problemática con espíritu resolutivo. Luego el Presidente derivó el tema en Olmos y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Los cambios en el Gabinete, confirmaron ayer los funcionarios, volverán a relegar la solución.
Por las demoras la central obrera llegó a desinvitar a Alberto Fernández a un acto el 1 de julio que el propio mandatario había pedido para mostrarse activo en medio de la corrida cambiaria. Finalmente, y una vez que el Ejecutivo garantizó que la asistencia financiera estaba en marcha, los dirigentes accedieron a cederle a Fernández el salón Felipe Vallese para la conmemoración.
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