En la práctica, los desalojos de origen judicial son aquellos en los que el GCBA actúa como auxiliar de la justicia. Pero en los que son de tipo administrativo, actúa como impulsor y ejecutor de la medida: entre ellas comprenden las desocupaciones de inmuebles de dominio público y las clausuras totales con evacuación dictadas por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias (DGGAyE) bajo la hipótesis de riesgo de derrumbe.
Actualmente, la mayoría de los operativos se llevan adelante bajo la carátula administrativas basadas en la figura de clausura. Se trata de un mecanismo que suele utilizarse para situaciones excepcionales y de riesgo inminente, pero que según los organismos porteños son "aplicados con una escala creciente y un fuerte impacto sobre familias en situación de vulnerabilidad habitacional".
Los desalojos administrativos por orden de clausura son efectuados por la DGGAyE. En el último tiempo, los organismos denuncian que registraron un "salto considerable" y actualmente representan al 52% del total de los operativos. En el mismo período analizado, las clausuras totales, que obligan a evacuar la totalidad del inmueble, pasaron del 2% al 56% del total.
desalojos judiciales y administrativos caba
El informe pone el foco en el argumento normativo esgrimido por el macrismo para profundizar su política de desalojos. Aseguran que la desocupación administrativa se sustenta en el artículo 12 del Decreto N° 1510/97 (Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA), pero señalan que es "una excepción", por ende "sólo la urgencia que impone un riesgo estructural inminente e inaplazable justifica que la administración actúe sin aguardar al órgano judicial".
Para el jefe de Gobierno porteño, los operativos tienen por fin devolverle a sus legítimos dueños un bien que les fue arrebatado. En lo que va de su gestión, ya restituyeron unas 800 propiedades por un valor que en CABA estiman que ronda los u$s400 millones. “Querían que naturalicemos el desorden. Que nos resignemos. Acá la propiedad privada se respeta y la ley se cumple", dijo tras un desalojo efectuado en abril en Flores.
Más de 1.400 niños, niñas y adolescentes entre los desalojados
Pero desde los organismos cuestionan el impacto de los desalojos. En 2025, los operativos por clausuras afectaron a 20 familias y 35 niños, niñas y adolescentes, pero en los primeros meses de 2026 ya alcanzaron a 222 familias y 215 NNyA.
"Implica un incremento de más del 1.000% en familias y del 500% en NNyA en este tipo de procedimientos", denuncian. En la población desalojada entre diciembre del 2023 y marzo del 2026 identificaron 1.409 niñas, niños y adolescentes.
Consultados por Ámbito, desde el MPD de CABA señalaron que "sea cual fuere la motivación" detrás de los desalojos, sus consecuencias "son concretas". "Familias desalojadas sin notificación previa, sin tiempo para organizar su situación, sin acceso a recursos jurisdiccionales efectivos antes de la ejecución", afirman y remarcan: "Si existe un clima de época que naturaliza la utilización de vías administrativas para eludir el control judicial, ese es precisamente el fenómeno que nos preocupa".
DESALOJOS VIVIENDA NIÑOS
Los niños, niñas y adolescentes, entre los más afectados.
Defensoría del Pueblo de CABA.
El revelamiento realizado por el Ministerio Público de la Defensa y por la Defensoría del Pueblo advierte que en 2026 la jefatura de Gabinete instó a que se realicen las inspecciones "en un 33% de los desalojos por riesgo de derrumbe", cuando este mecanismo, “por definición, debería responder a una situación de emergencia técnica objetiva”.
Desde el MPD denuncian que la política de desalojos masivos que lleva adelante Macri "está focalizada en la población de menores ingresos". Aquellos que en la Ciudad viven en inquilinatos, conventillos, pensiones y hoteles familiares. Y ubican el epicentro de los desalojos en las Comunas 1,3 y 4.
Críticas a la falta de un protocolo para desalojos
El informe también cuestiona como "inadecuadas" e "ineficientes" a las políticas de contención social destinadas a las personas desalojadas. "El GCBA les ofrece las mismas alternativas —ya de por sí insuficientes— que a las personas en situación de calle: los Centros de Inclusión Social (CIS) o la incorporación al Programa de Apoyo a Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional", señalan.
El 80% de las familias desalojadas logró acceder al menos a una cuota del subsidio, aclaran, pero la falta de adecuación del programa "pone en riesgo su permanencia en él". Aseveran que detrás de los operativos hay "improvisación", que se verifica "en la inexistencia tanto de un protocolo único, integral y normativamente aprobado que regule los desalojos, como en la de una instancia que centralice la actuación de las áreas intervinientes".
Otro aspecto que tiene en cuenta el informe es la vulneración del derechos. Mediante el desalojo, el GCBA afecta "no sólo sus condiciones habitacionales" sino también "el ejercicio de sus derechos a la educación, a la continuidad de sus vínculos sociales y a su salud integral". Lo mismo ocurre con las personas mayores, las personas con discapacidad y quienes padecen enfermedades crónicas.
Al respecto, los organismos consultaron al GCBA sobre si cuenta o no con un registro sobre personas con discapacidad desalojadas, pero la administración porteña reconoció expresamente "no contar con registro alguno" sobre el tema. Ni tampoco sobre el destino posterior.
El propio GCBA dio cuenta a los organismos que no dispone de un registro consolidado de procedimientos; no lleva seguimiento de las personas desalojadas, y carece de datos sobre grupos especialmente vulnerables, incluyendo personas con discapacidad.
"Construir un registro de estas características está completamente al alcance del Estado local", aseguraron a este medio desde el MPD de CABA, por lo que la ausencia de registros permanentes "lo que revela es la inexistencia de una política pública que entienda el desalojo como el inicio de una trayectoria que el Estado tiene la obligación de acompañar".
Desde los organismos recalcaron que las personas desalojadas "no son una emergencia que se resuelve con una primera cuota de subsidio", sino que el Gobierno porteño debe tener en claro que "son ciudadanos cuyos derechos siguen vigentes al día siguiente del operativo". "Mientras no exista seguimiento, el Estado se desentiende de lo que ocurre después", se quejan.
Proponen crear una mesa de trabajo y un protocolo
De mantenerse el ritmo observado en los primeros meses de 2026, aseguran que sería el año con mayor cantidad de desalojos del período analizado. Hasta el momento, el 96% de los operativos se efectuaron sobre propiedades privadas, el 3% se efectuó en inmuebles del Gobierno porteño y el 1% se hizo sobre terrenos del Estado nacional. En el Gobierno de Jorge Macri afirman que desde diciembre del 2023 llevan efectuados 800 desalojos.
En ese marco, los organismos pidieron al Gobierno porteño que convoque a un espacio de trabajo y a una "articulación interinstitucional" en la que participen áreas "con poder de decisión" al fin de "unificar, sistematizar y monitorear" la información sobre los desalojo, poniendo especial foco en aquellos que se realizan por vía administrativa.
Además, pidieron a la administración de CABA "la elaboración y aprobación de un protocolo único", que sea "integral" y que cuente con el respaldo normativo que establezca "parámetros uniformes" para todos los procedimientos de desalojo en CABA. Buscan que se garantice el resguardo de los derechos de las personas afectadas, con especial atención en los grupos protegidos.
Desde el MPD remarcaron que el protocolo "debería tener rango normativo, parámetros uniformes para todos los procedimientos de desalojo en la Ciudad", aseguraron a este medio. Eso implica que, como mínimo, haya "una notificación previa y fehaciente con plazos razonables" y que participe de forma obligatoria el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en toda situación que involucre menores de edad.
También proponen que incluya un relevamiento y atención diferenciada "de personas con discapacidad, personas mayores y personas con enfermedades crónicas" y la creación de un registro unificado de cada procedimiento "con trazabilidad posterior".
En cuanto al derecho al acceso a una vivienda, señalan que CABA debería brindar "una respuesta habitacional específica para personas con trayectoria habitacional sostenida", que sea "diferenciada del dispositivo diseñado para situaciones de calle". Mientras que en el caso de las clausuras que se efectuan por riesgo edilicio, el protocolo debería además exigir el informe técnico "que acredite el riesgo concreto y actual" y que se aplique el principio de proporcionalidad para que la evacuación sea "total" sólo "cuando medidas menos gravosas son insuficientes para neutralizar el peligro".
Desde EL Ministerio Público de la Defensa CABA advirtieron que en el mientras tanto continuarán ejerciendo el monitoreo permanente de la situación y la presentación de pedidos de informes sobre los desalojos, en coordinación con la Defensoría del Pueblo y con organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos.
