La RFEF consideró que el club catalán cometió una infracción leve al contactar al representante del delantero argentino antes de comunicarse formalmente con Atlético de Madrid. La entidad azulgrana rechazará el fallo, mientras continúa la disputa por un fichaje que no llegó a concretarse.
Por el caso Julián Álvarez, Barcelona recibió una irrisoria multa de u$s670 pero apelará la sanción.
El caso Julián Álvarez sumó un nuevo capítulo en el fútbol español: Barcelona fue sancionado con una multa de u$s670, por los contactos que mantuvo con el representante del delantero argentino cuando todavía tenía contrato vigente con Atlético de Madrid. La entidad catalana recurrirá la resolución de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pese al irrisorio monto económico de la penalización.
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El Comité de Disciplina consideró acreditado que Fernando Hidalgo, agente del campeón del mundo con la Selección argentina, mantuvo una conversación con Deco, director deportivo del Barcelona, el 15 de mayo de 2026. En ese intercambio, el representante habría transmitido que Atlético estaba dispuesto a escuchar ofertas por el futbolista y que contaba con autorización para ofrecerlo en el mercado.
Sin embargo, el organismo disciplinario entendió que no quedó demostrado que el club madrileño hubiera otorgado un mandato para negociar la salida del jugador. La primera comunicación escrita y directa de Barcelona a Atlético se produjo el 28 de mayo, trece días después de aquella conversación, según la información publicada por el medio especializado Iusport.
La resolución concluyó que el Barcelona gestionó una eventual incorporación del delantero a través de su representante sin haber comunicado previamente y por escrito su interés al club propietario de sus derechos deportivos. No obstante, descartó que existieran los elementos necesarios para considerar la conducta una infracción grave.
Por ese motivo, aplicó el artículo 133 del Código Disciplinario de la RFEF, referido al incumplimiento de obligaciones reglamentarias que no esté tipificado específicamente como una falta grave o muy grave. El expediente quedó resuelto con una sanción económica de u$s670, que el Barcelona puede recurrir ante el Comité de Apelación dentro del plazo reglamentario de diez días.
La denuncia de Atlético de Madrid se presentó el 30 de junio ante la RFEF y la FIFA. El club rojiblanco acusó al Barcelona de negociar con un jugador que tenía contrato vigente durante el denominado período protegido, una figura reglamentaria que busca impedir que otras instituciones contacten irregularmente a futbolistas comprometidos contractualmente.
En ese momento, Julián Álvarez tenía vínculo con Atlético hasta 2030 y una cláusula de rescisión de u$s556 millones. La normativa invocada por el equipo madrileño establece que, antes de iniciar negociaciones con un futbolista bajo contrato, el club interesado debe comunicar por escrito su intención a la institución a la que pertenece.
El consejero delegado de Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, había cuestionado públicamente los contactos y defendido la posición de su entidad. Durante el procedimiento, un mensaje enviado por Gil Marín a Hidalgo el 18 de mayo resultó relevante para la resolución: confirmaba que Atlético había transmitido al representante una valoración económica del jugador, pero no constituía una autorización para negociar su salida en nombre del club.
El Comité de Disciplina diferenció así entre informar sobre el valor de mercado de un futbolista y otorgar un mandato para gestionar su transferencia. También consideró que no se habían acreditado los requisitos de intencionalidad y reiteración necesarios para aplicar una sanción más severa.
La FIFA, por su parte, se declaró incompetente para intervenir en el caso, por lo que la resolución de la federación española pasó a ser el eje de la disputa administrativa.
En tanto, la directiva azulgrana no quedó conforme con el fallo y pretende agotar las vías disponibles para defender su actuación. Aunque la sanción representa un desembolso menor dentro de la economía de un club de la dimensión del Barcelona, el conflicto tiene implicancias deportivas e institucionales por el procedimiento utilizado para intentar incorporar a uno de los delanteros argentinos más cotizados del mercado.
La entidad catalana sostiene que actuó correctamente y recuerda que llegó a presentar una oferta formal a Atlético, aunque no obtuvo respuesta. Su recurso buscará revertir la sanción y cuestionar la interpretación reglamentaria que hizo el Comité de Disciplina.
El interés por Álvarez se remonta al mercado de pases anterior, cuando el delantero figuraba entre las alternativas para reforzar el ataque del Barcelona. El futbolista veía con buenos ojos la posibilidad de jugar en el conjunto azulgrana, pero la postura de Atlético dificultó el avance de las conversaciones.
Finalmente, Deco orientó la búsqueda hacia otras opciones y Barcelona terminó apostando por Gabriel Jesus, según la información aportada sobre la operación. La llegada de Álvarez no se concretó, pero el intento de fichaje dejó abierto un conflicto que ahora se trasladó al terreno disciplinario.