$ 870 millones para pago de BODEN (títulos privilegiados)

Quienes se desesperan por indagar las estrategias secretas del gobierno en materia financiera no descartan que se esté maquinando un default total, o sea, no sólo con acreedores privados por 88.000 millones de dólares, sino también con organismos internacionales de financiamiento si éstos se ponen muy severos -como ocurrirá- por caso exigiendo elevar 3% del superavát (2,50% Nación más 0,50% provincias) previsto para este año. De hecho, en uno de sus diálogos, Néstor Kirchner le preguntó a Eduardo Duhalde tiempo atrás: «¿Qué te parece caer en default con el Fondo?». Si fuera la estrategia -de enorme riesgo, es obvio-, lo básico del gobierno para una actitud así sería tener los últimos títulos, los BODEN, al día en el pago de sus rentas, totalmente separados de los defaulteados en posesión de fondos buitre y acreedores privados. Que se estén destinando ahora $ 870 millones para el pago de BODEN (el grueso de los vencimientos es en el año próximo) no necesariamente marca una estrategia de default total. También hay que tener en cuenta que si no se pagan ni los intereses de los viejos títulos desde hace dos años, tampoco se pueden dejar caer los nuevos, con los cuales se salvaron pagos a empleados públicos y el «corralito» porque equivaldría a repetir esta nefasta situación para los ahorristas y la protesta social sería clamorosa.

El gobierno desembolsará mañana $ 870 millones por vencimientos de capital e intereses de BODEN, los bonos emitidos por el Estado argentino tras el default. Estos pagos serán, justamente, uno de los principales objetivos que tienen los fondos buitre para cobrarse la deuda impaga que el gobierno argentino demora en reestructurar.

Sin embargo, altas fuentes del Palacio de Hacienda explicaron ayer a Ambito Financiero que «el dinero ya está preparado para ser girado a Caja de Valores, y los ahorristas se tienen que quedar tranquilos, más allá de las presentaciones judiciales que existan en Nueva York o en otros lugares del mundo». De esta forma, intentaron disipar los temores respecto de posibles embargos que podrían sufrir estos giros del Estado argentino.

Ocurre que, desde hoy, ya es una realidad la posibilidad de embargos de activos argentinos (o de flujos financieros) tras haber vencido la prórroga de 90 días que el juez neoyorquino Thomas Griesa le había dado a la Argentina para que presentara una propuesta de reestructuración de la deuda.

• Final

Sin embargo, al no haber novedades, automáticamente finalizó la tregua que había otorgado en varias oportunidades el juez antes de ejecutar las sentencias desfavorables que ya existen contra el país, por presentaciones que ascienden a los u$s 1.000 millones (ver nota vinculada).

Los fondos corresponden a la cancelación del vencimiento de intereses semestral de BODEN 2012 (equivalente a 0,68% del capital), pago de una cuota de amortización de capital e intereses de BODEN 2007 e intereses mensuales correspondientes al BOGAR 2018 (ver gráfico).

Este es quizás uno de los pocos méritos que se deben reconocer al ministro de Economía, Roberto Lavagna. La defensa del pago puntual de los títulos emitidos a partir de 2002, sin quita alguna, es lo que le permitirá a la Argentina acceder al financiamiento de los mercados en el futuro, una vez que reestructure la deuda que sí está en default.

Existe un caso reciente de un juez belga que falló en contra de Nicaragua, en el cual se embargaron los pagos que el país efectuó a bonistas, ante la presentación de otro grupo que poseía papeles que se encontraban impagos. Este caso, temen en el gobierno, podría ser replicado tanto por Griesa como por otros magistrados europeos para trabar los giros oficiales a los tenedores de títulos posdefault.

Otra posibilidad que tienen los acreedores es ir contra los pagos que la Argentina efectúa regular-mente tanto al FMI como al resto de los organismos multilaterales. Pero esta posibilidad es más remota, ya que Griesa prefirió no expedirse sobre los alcances de la cláusula «pari pasu», que en teoría pondría a todos los acreedores del país bajo igualdad de condiciones. Significa que también el FMI debería sufrir una quita en la deuda que mantiene la Argentina.

• Protección

Hace dos semanas, Griesa solicitó que cualquier pedido de embargo en jurisdicción internacional que quisieran presentar los acreedores debía ser informado con treinta días de antelación ante su juzgado.

Los abogados de la Argentina en Nueva York, representados por el estudio Clear, Gottlieb, Steen & Hamilton, aseguraron que el país no tiene bienes embargables en el exterior, ya que están protegidos por tratados internacionales (reservas y embajadas). Esto ocurrió el jueves último, en la teleconferencia que mantuvieron con los defensores de Kenneth Dart, el dueño del fondo buitre EM Limited, que presentó una demanda contra el país por u$s 750 millones.

Este proceso de identificación de potenciales activos que puedan ser interceptados por los acreedores fue solicitado por el propio juez neoyorquino. Pero, hasta ahora, no arrojó resultados concretos, por lo que sería el propio Griesa quien, ante la presentación de demandas concretas, se preocuparía por determinar si se trata de bienes o flujos de fondos embargables.