Ayer, la misión de funcionarios y técnicos enviados por el ministro de Planificación, Julio De Vido, presentaron frente a un selecto grupo de empresas españolas los lineamientos para acercar posiciones sobre el proyecto de ley marco para los servicios públicos, que ya se encuentra en el Congreso para su debate.
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Fue un primer paso para achicar distancias entre los reclamos de los empresarios españoles y los objetivos impuestos por el gobierno argentino. El encuentro, organizado bajo el patrocinio de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), fue epicentro de un civilizado debate.
Más allá de algunos reclamos filosóficos los empresarios,lógicamente divididos por los desajustes tarifarios, pusieron ciertos reparos en la futura injerencia del sector público en los servicios públicos.
• Distintos intereses
La misión encabezada por el más influyente asesor del ministro De Vido, José María Caula, procuró desmitificar algunos fantasmas en torno de la renegociación de contratos y tarifas, y la racionalidad de las alternativas legales frente a algún incumplimiento.
Se aglutinaron en un salón de la CEOE, los principales ejecutivos de Repsol, Endesa, Telefónica y Gas Natural entre otras compañías españolas. Junto a Caula participaron Lisandro Salas, de la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos, y Efraín Quevedo Mendoza, el principal redactor del proyecto de ley.
Luego tuvieron algunas reuniones particulares, dado que las empresas tienen distintos intereses en pugna. Por ejemplo, a Repsol le inquieta más el tema de las retenciones a las exportaciones y, a Endesa, el cuadro tarifario.
Hoy continuarán con la presentación del proyectoen Barcelona, frente a los directivos de La Caixa, uno de los principales accionistas de las empresas españolas radicadas en la Argentina.
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