Advierten por el crecimiento del gasto previsional y la presión inflacionaria

Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) alertó por la presión inflacionaria que ejerce el gasto en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

"La persistencia de la alta inflación responde a las demoras en el ordenamiento de las cuentas públicas. El factor más desestabilizador es el crecimiento del gasto previsional. Si bien la nueva regla de movilidad contribuye a la moderación, para reducir la inflación es imprescindible una reforma previsional integral", sostuvo el análisis al que tuvo acceso ámbito.com.

"La tasa de inflación de febrero fue de 2,4% mensual. Esto implica que los precios no sólo siguen subiendo, sino que lo hacen de manera creciente", remarcó el trabajo de la consultora.

Según los datos oficiales, durante el primer semestre de 2017 el costo de vida descendió hasta llegar en julio al 21,4% anual, pero según recordó IDESA, en el segundo semestre de ese año cambió la tendencia y en diciembre trepó al 24,8%. Ahora en febrero, alcanzó 25,4% anual. "Para bajar la inflación no alcanza con fijar una meta y esperar que el Banco Central la cumpla subiendo la tasa de interés o controlando el dólar. Estos son instrumentos de impacto limitado y su uso exagerado daña la producción. Por eso es tan urgente como ineludible avanzar con mayor énfasis en el ordenamiento de las cuentas públicas", enfatizó.

En ese marco, el reporte alertó por un crecimiento del déficit primario anual de $ 50.000 millones. En base a los últimos datos de febrero de la Secretaría de Hacienda, se puede señalar que el gasto público primario (antes del pago de intereses) creció 19% (a $ 400.000 millones); que el gasto en jubilaciones creció 39% (a $ 270.000 millones), y que el resto del gasto primario creció 9% (a $ 130.000 millones).

"Estos datos muestran con contundencia que el sistema previsional es el principal motor de aumento del déficit fiscal: el gasto previsional crece a una tasa cuatro veces superior al aumento del resto de las erogaciones", subrayó el informe.

La explicación a ese crecimiento es la nueva fórmula de movilidad jubilatoria establecida por ley, que impulsó el gobierno de Mauricio Macri. "Si bien es cierto que a partir de marzo de este año empezó a operar la nueva regla de movilidad, que llevará a que los haberes se ajusten más en consonancia con la inflación, no se debe perder de vista que el gasto previsional se expande no sólo por aumentos de haberes sino también porque los nuevos jubilados superan a los beneficiarios que fallecen", sostuvieron.

Y agregaron: "En otras palabras, aun con la nueva fórmula de movilidad el sistema previsional es un factor de desestabilización de las cuentas públicas debido a que la cantidad de beneficiarios crece con el tiempo".

Antes este escenario, los expertos de IDESA recalcaron que el principal desafío que enfrenta la política económica "no es definir hasta dónde sube la tasa de interés, cómo intervenir sobre el dólar, ni en cuánto y cómo endeudarse", sino cómo "abordar" la reforma previsional defintiva.

"El no haber incluido este tema cuando se debatió la ley de reparación histórica fue una gran pérdida de oportunidad", lamentó el instituto privado. "Se dispuso invertir una enorme masa de recursos para levantar la hipoteca previsional que había dejado la irresponsable decisión de negar movilidad a una gran cantidad de jubilados entre los años 2002 y 2008, pero respecto a la crítica situación presente y al sombrío futuro del sistema se dispuso sólo la creación de una comisión", mencionó.

A dos años de la reparación histórica, el Gobierno anunció la puesta en marcha en el ámbito del Ministerio de Trabajo de una Unidad Ejecutora especial transitoria con el objetivo de abordar el "ordenamiento para la sustentabilidad y la suficiencia del sistema de seguridad social".

Para IDESA, es fundamental atacar el problema de raíz. "Hay que abordar con urgencia los problemas previsionales, caso contrario, seguirán creciendo los intereses de deuda pública", advirtieron, y remarcaron que en febrero pasado el pago anual de intereses casi se duplicó, al pasar de $ 136.000 a $ 250.000 millones. "Esto demuestra que dilatar la reforma bajo el argumento de defender la protección de los ancianos es oportunista, ya que la situación es insostenible y poco equitativa, no solo con los adultos mayores sino también con el resto de la población, especialmente los niños y los jóvenes", concluyó.