La Fiscalía de Salta admite la acción colectiva contra informar planificación fiscal

Economía

Desde su dictado, en octubre del año pasado, la Resolución General 4.838 de la AFIP ha generado un clima de desconcierto y aflicción entre los contribuyentes y también entre los asesores de empresas, atento la información que pretende.

Desde su dictado, en octubre del año pasado, la Resolución General 4.838 de la AFIP ha generado un clima de desconcierto y aflicción entre los contribuyentes y también entre los asesores de empresas, atento la información que pretende. A punto tal que las diversas entidades profesionales de ciencias económicas, en particular, han planteado su reclamo e incluso la derogación de la norma por su inconstitucionalidad.

En ese contexto se ha conocido un hecho relevante y de alto interés jurídico en una causa que tramita ante la Justicia Federal de la Provincia de Salta. En la causa “Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Ciudad de Salta Asociación Civil c/Poder Ejecutivo Nacional y otros/amparo colectivo”, la que, si bien se encuentra en los primeras etapas, el Ministerio Público Fiscal ha producido un dictamen que legitima la acción colectiva del Colegio Profesional.

La entidad eligiendo una vía judicial directa ante la justicia federal, intenta, a través de una acción de amparo, se declare la inconstitucionalidad de la Resolución General 4.838, aquella que estableciera el criticado régimen informativo de planificaciones fiscales.

Apela a dos cuestiones sustantivas:

  • Se reconozca al Colegio como legitimado activamente para solicitar la acción en representación de sus asociados y
  • Que dicha legitimación se enmarque en una acción de tipo colectivo, defendiendo intereses de clase y apoyándose en el artículo 43 de la Constitución Nacional que instituye la acción de amparo colectivo.

Consultado el Dr. Daniel Pérez, que lleva la causa conjuntamente con la Dra.Marcela Fiocco y el Dr. Sebastián Espeche , explicó que el trasfondo de la petición es realmente importante, “pues apunta a que se reconozca a los intereses defendidos, la calidad de intereses difusos o de incidencia colectiva, a través del instituto creado por la jurisprudencia de ‘intereses individuales homogéneos’ y de este modo, generar respecto de la norma atacada una afectación común respecto de los intereses de los profesionales representados.”

El dictamen del fiscal así lo entendió y expreso que: la acción interpuesta esencialmente cuestiona la normativa dictada por la AFIP, la cual obliga a los profesionales en ciencias económicas a brindar información en las situaciones en las que intervenga como asesor fiscal, so pena de sanciones.

Y concluye en este aspecto: “…en efecto la norma en debate atenta contra el derecho a la intimidad, el derecho al trabajo y a ejercer la profesión libremente y conculca el secreto profesional, lo que evidentemente pone en análisis si la ley lesiona de manera irreversible derechos fundamentales de una pluralidad de sujetos…”

En consecuencia, considera que se encuentran cumplidos los recaudos para la procedencia de la acción colectiva, legitimando al Colegio de Graduados para llevarla adelante.

La decisión que incluye a los profesionales asociados de esa provincia, genera una expectativa favorable para el derecho de los profesionales de ciencias económicas y, seguramente, respecto de todos los asesores fiscales.

Por otra parte, la justicia federal de Córdoba en la causa "Consejo Profesional de Cs Ec de Córdoba C/ Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP S/ Contencioso Administrativo”, dispuso suspender la aplicación de la Resolución General 4.838 para los matriculados en la citada institución de la provincia.

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