Quintana, un seguidor de la suerte del "treaty shopping"

Economía

El empresario devenido en político afín de Elisa Carrió, Mario Quintana, resultó ser durante el gobierno de Mauricio Macri la persona que más se ocupó por hacer un seguimiento del “caso Molinos”. En un momento donde se debate acerca de una reforma impositiva progresiva y de un aporte extraordinario, la Corte Suprema de Justicia podría aniquilar una exigencia de cobra de impuestos a la multinacional Molinos si avala un dictamen de la Procuración General.

En juego hay más de 300 millones de dólares y un leading case para la AFIP y, a su vez, que otras firmas respeten tratados o Convenios de Doble Imposición.

La Procuración General a cargo de Eduardo Casal dictaminó en línea contraria a lo determinado por la AFIP en época de Ricardo Echegaray y que el “Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) confirmó el criterio de AFIP ratificando estos elementos técnicos, el uso abusivo del CDI por parte de Molinos Argentina”, afirma el doctor Guillermo Michel (ver columna de opinión en esta misma página).

No bien llegó el macrismo al poder, Quintana puso en su agenda de ocupaciones la búsqueda de una resolución judicial para dar por tierra un fallo, de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que ratificó las decisiones de la AFIP y el TFN.

Las consultoras de auditoría internacional fueron las que más cerca estuvieron del Estado en el momento de la gestión del farmacéutico. Ex integrantes de la firmas pasaron a engrosar las oficinas públicas. También fue clave Vladimir Werning, convertido en el preceptor de los números macroeconómicos y modelos de gestión. Un habitué de los congresos de auditores, especializados en los convenios.

En diciembre de 2017, la procuradora fiscal Laura Monti dictaminó en contra del AFIP, el TFN y la Cámara Nacional de Apelaciones. Dice que “… no es reprensible el esfuerzo honesto del contribuyente para limitar sus impuestos al mínimo legal, es decir que el ahorro impositivo legítimo, por sí, no resulta cuestionable”.

Las “plataformas” de abuso bajo el esquema de “treaty shopping” para no pagar impuestos se consagrarían en la medida que los ministros de la Corte Suprema sigan el dictamen de la Procuración General.

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