El ministro de Justicia, Julio Alak, reconoció hoy que "la mayor efectividad que alcanzamos en la lucha contra el lavado de dinero, y que se hizo evidente en los últimos meses, obedece a la interacción entre distintos organismos del Estado y entidades del sector privado".
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Alak destacó el "notable aumento" en el número de Reportes de Operaciones Sospechosas procesados por la Unidad de Información Financiera, al inaugurar la Primera Jornada de la UIF sobre la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
"En 2009 la UIF procesó 1.500 reportes y el último año fueron 25 mil, lo cual fue posible gracias a la readecuación de su estructura y a la notable participación de sectores privados, como los bancos", dijo Alak.
Alak subrayó asimismo que "en materia judicial, a la fecha hay 5 condenados, 11 detenidos y 34 procesados por delitos lavados de activos o encubrimiento, en tanto que la UIF actualmente participa como querellante en 34 causas".
Según el funcionario, el avance en las querellas judiciales por lavado de dinero "obedece a la interacción entre organismos del Estado y distintas entidades del sector privado, porque la eficiencia del sistema es una tarea de todos los sectores".
En el encuentro organizado por la UIF en el auditorio del Banco de la Nación, que concluirá mañana, participan representantes del Ministerio Público Fiscal y de los organismos antilavado de América del Sur (GAFISUD) y de Estados Unidos (FINCEN).
Alak remarcó que "el desafío actual es seguir profundizando la eficiencia de un sistema que hace tan solo tres meses, en Roma, recibió la felicitación del Grupo de Acción Financiera Internacional por el progreso continuo y las importantes medidas adoptadas".
El ministro recordó también recibió elogios el ajuste en la estructura de la UIF y la adaptación del cuerpo normativo a los estándares internacionales, durante el trigésimo Simposio Internacional celebrado en la Universidad de Cambridge, el principal foro académico mundial en la materia.
Alak reseñó que en el último año "el gobierno federal puso en vigencia, con el acompañamiento del Congreso de la Nación, la ley 26.683, que creó la figura del autolavado de activos; y las leyes 26.733 y 26.734, que incorporaron al Código Penal las más novedosas previsiones en el ámbito de los delitos contra el orden económico y financiero y el financiamiento del terrorismo".
La decisión política del gobierno nacional, el acompañamiento del Congreso y el aporte de las entidades civiles del sector privado "se conjugaron para marcar el camino a una estrategia antilavado, cuyo próximo desafío es seguir incrementando su nivel de efectividad", concluyó el ministro.
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