Ayer, la jueza María Servini de Cubría se colocó en el centro de la escena judicial para combatir el lavado de dinero en la Argentina. Primero allanó «La Ojota» de la SIDE -oficina desde donde se realizan las escuchas telefónicas por orden judicial- accediendo rápidamente a un pedido de la diputada Elisa Carrió; luego le requirió al Banco Central el urgente envío de expedientes que se encuentran en la gerencia de requerimientos y control de activos financieros provenientes de ilícitos y, por último, le pidió a sus pares Adolfo Bagnasco y Rodolfo Canicoba Corral -subroga a Gabriel Cavallo- que le remitan copia de la denuncia que hizo el gobierno sobre lavado de dinero y el pedido de ser autoinvestigado que formuló Pedro Pou.
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En cambio, no lo hizo con la causa que tiene el juez Gustavo Literas porque éste entiende que no investiga lavado de dinero, sino presuntas irregularidades en la compra de los ex bancos oficiales de Mendoza por parte del ex República, cuyo presidente fue el ex banquero Raúl Moneta. Servini quiere analizar si las causas que instruyen sus colegas tienen conexión con su propia investigación del BCCI de Gaith Pharaon que lleva a cabo desde hace 10 años. La jueza reprochó de esta demora a los peritajes y a la tardanza en conseguir la información desde Estados Unidos.
Recién hace un par de años, después que la jueza le aclaró al FBI su intervención en el Yomagate, se le abrieron puertas importantes en los organismos de Inteligencia norteamericanos que le sirvieron para investigar al ex banquero saudita que compró el hotel Hyatt a comienzos de los '90 y que, entre otros indagados, hizo declarar el ex secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan. Los abogados defensores -entre otros Carlos Caride Fite que a mediados de los '90 patrocinó a Domingo Cavallo en otras causas- habían pedido la prescripción, pero en diciembre último la Cámara Federal Penal porteña le ordenó a la jueza seguir con la investigación.
Ayer la jueza negó pretender algún protagonismo especial y sólo se limitó a decir: «Voy a investigar todo lo que tenga que investigar sin ningún miramiento». Servini procesó hace una semana al presidente del Central por la liquidación aparentemente irregular del ex Banco Basel y, ahora, decidió reabrir la causa del BCCI, en la que contó con el apoyo de la contadora Alicia López, funcionaria de carrera del BCRA a cargo de la oficina de control de lavado de dinero.
En el Central se sostiene que muchos expedientes fueron girados a la Procuración General de la Nación para que se investiguen las operaciones sospechosas y las que quedaron sin denunciar; fue porque -a criterio de la experta- no habrían existido ilícitos. Dentro de ese paquete de expedientes, figuran operaciones canalizadas por algunos bancos del norte argentino. Hoy Nicolás Becerra designará dos fiscales móviles hasta que se reintegre el fiscal titular Carlos Stornelli, quien investigó la venta de armas -presuntamente ilegal- a Ecuador y Croacia.
El BCCI, que nació en 1972 y llegó a acumular activos por u$s 20.000 millones en 73 países hasta que quebró en 1991, ingresó a la Argentina en 1985. Su dueño, Pharaon, debió refugiarse en Arabia Saudita después de haber sido acusado por el gobierno norteamericano de lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Otros hoteles
Además del Hyatt en Buenos Aires, el BCCI también construyó el Hyatt de Santiago de Chile, el Madison -resort 5 estrellas- en Carmelo (Uruguay) y otros en Marruecos y en Orlando (Estados Unidos). En esa causa declararon funcionarios del FBI, de la Reserva Federal de Estados Unidos y de los Tesoros de Inglaterra y de Francia. Sin embargo, las jueza no tuvo respuestas a sus requerimientos sobre supuestas cuentas en el Citibank de Nueva York que habría tenido el desaparecido empresario Rodolfo Cluterbuck, cuyas actividades también fueron investigadas en el marco de esta instrucción.
Alrededor de las 10.20, Carrió -convertida en el pivote de la cruzada denunciadora contra el presidente del Banco Central, Pedro Pou- llegó sigilosamente al juzgado de Servini y le pidió una serie de medidas que se negó a contarle a la prensa, un hecho no habitual en ella. Su misterio se explicaría apenas dos horas más tarde cuando una comisión de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal y funcionarios del Juzgado Federal Penal número 1 se hizo presente ante esa división de la SIDE en avenida de Los Incas 3834, que se encuentra a cargo de Ezequiel Lanusse.
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