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Al respecto, abogados consultados por este diario señalaron ayer que el Estado podría haber incurrido en un delito al involucrarse en un negocio privado «imponiendo por la fuerza a las partes algo negociado».
Dentro de las medidas económicas anunciadas el domingo por Remes Lenicov, se establece que los contratos realizados entre privados que estén en dólares se convierten en pesos, respetando la relación uno a uno (en este esquema, entran los alquileres, servicios profesionales y tarifas de servicios públicos).
Sin embargo, abogados consideraron ayer que «no es legítimo que el Estado se introduzca en esos negocios y cambie los términos de la ecuación pactada» y mencionaron que se podría haber violado el artículo 1.197 del Código Civil, por lo que podría llegar a existir un cuestionamiento de parte de los damnificados.
Por ejemplo, se mencionó que el Estado, al modificar una cláusula como la que figura en los contratos en dólares, debería haber establecido un mecanismo de compensación.
Al respecto, se los comparó con la medida adoptada para la pesificación de los créditos hipotecarios de hasta 100 mil dólares. Para este caso, se dispuso la pesificación, pero con el compromiso del gobierno de entregar un certificado por la diferencia de 0,40.
«En este caso, se compensó a los bancos, pero nada de eso sucedió con los privados, pese a que se modificaron los términos del contrato», comentó a este diario un letrado.
El tema sería analizado hoy en una reunión de la Cámara Argentina de inmobiliaria, y también en especial el punto referido sobre la indexación de los alquileres, ya que existe una ley que lo prohíbe. Aun así, en las recientes medidas se establece que al contrato pesificado se le aplicará un coeficiente de estabilzación y referencia, por lo que las cuotas de los alquileres que se pagan en pesos serán ajustadas por la evolución de este indicador, con lo cual irán aumentando en la medida en que aumente la inflación.
Se recordaba ayer que imperar una ley que prohíbe la indexación de los alquileres podría llegar a causar problemas para su aplicación, sobre todo si se tiene en cuenta que los salarios no tendrán actualización y que terminarán perdiendo poder adquisitivo ante el ajuste de las tarifas y créditos.
La expectativas de las inmobiliarias estaban centradas en buscar un mecanismo que les permita flexibilizar el mercado inmobiliario total-mente paralizado desde la puesta en vigencia del «corralito» financiero
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