Un grupo de viejas deudas que mantienen Aerolíneas Argentinas y Austral con su sistema de reservas, un banco y hasta varios gobiernos provinciales sería la razón por la cual las negociaciones entre el español Grupo Marsans, el gobierno nacional y el empresario naviero Juan Carlos López Mena se habrían estancado. La cifra no es menor: se trata de más de u$s 100 millones, y el tema central es quién se hará cargo del monto.
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La SEPI (el organismo estatal español que canaliza las inversiones oficiales en empresas privadas) le entregó a Air Comet (Marsans) su participación en el grupo Aerolíneas en octubre de 2001. Entre el fárrago de cláusulas, puntos y artículos que contenía ese voluminoso contrato que en realidad no era estrictamente de compraventa porque la SEPI acordaba pagar por desprenderse de la aérea, se incluyó una que justamente preveía una eventualidad como la que podría darse en los próximos meses: que Air Comet dejara de ser el accionista mayoritario de Austral y/o Aerolíneas.
En el Punto II, cláusula 10 del convenio, se establecía que en ese caso, la SEPI (o sea, el Gobierno español) dejaría de hacerse cargo de deudas y contingencias que pudieren surgir. Palabras más o menos, el documento legal dice que en caso de que el comprador (Air Comet) dejara de poseer 51% de Austral o Aerolíneas Argentinas, cesará la responsabilidad de la SEPI sobre las deudas de la sociedad.
Hasta donde se sabe, los compromisos que quedarían fuera del paraguas de la SEPI si Marsans vende la mayoría accionaria en Aerolíneas son tres:
Unos u$s 45 millones con Amadeus, el sistema internacional de reservas que comenzó a utilizar Aerolíneas cuando era administrada por Iberia.
Otro monto similar por un crédito otorgado por el ex banco Banesto, con garantía prendaria sobre la flota de aviones.
Deudas fiscales con varias provincias en las que operan Aerolíneas y Austral por unos 10 a 20 millones de dólares.
Esquema
Esto explicaría entonces la insistencia de Marsans por quedarse con la mayoría de las acciones que permanecerán en manos privadas. Se recuerda que el esquema del que se habla es que el Estado tendrá 20% de las acciones del grupo aéreo, los trabajadores otro 10% y el restante 70% se repartirá entre Marsans y López Mena. Marsans obviamente quedará en minoría automática respecto de los «nacionales» en cuanta decisión estratégica haya que tomar, pero conservar la formalidad de una mayoría, aunque sea en el papel, la resguardaría de tener que hacer frente a las deudas del pasado, que no están incluidas en el concurso preventivo.
Esto es uno de los muchos puntos que estarían discutiendo los abogados de ambas partes, y que habrían surgido del «due dilligence» que están llevando a cabo los contadores de PriceWaterhouseCoopers y de Deloitte.
Lo curioso es que las habituales fuentes de Aerolíneas insisten en que conservarán la mayoría «privada», pero desde las cercanías del secretario de Transporte (y verdadero motor de este negocio), Ricardo Jaime, se asegura que será el dueño de Buquebús quien tome el timón de la aérea.
Mientras esto sucede, los gremios -todos ellos- están demandando el pago de un adelanto sobre futuros aumentos -todos en torno a 25%- ante la paralización -por obvias razones- de las negociaciones paritarias. «No tenemos con quién sentarnos a conversar», dijo a este diario una alta fuente gremial del sector. «También entendemos que la actual administración quizás no podrá tomar compromisos en esta coyuntura».
Quizás por eso, o porque las cosechadoras a la vera del camino impiden al gobierno sentarse a conversar de otra cosa que de las retenciones móviles, Gonzalo Pascual (presidente de Aerolíneas y uno de los dueños de Marsans) ayer suspendió su habitual viaje semanal a Buenos Aires.
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