Aprueban esta semana ley que frena remates
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Fuera de este esquema hay otro punto que complica las discusiones de último momento. Los diputados no están dispuestos a habilitar un partida especial de $ 110 millones para cancelar deudas del PAMI, ya que consideran que la actual situación de la prestadora permite afrontar esos pagos que, por otra parte están siendo puestos en duda.
En el Senado se darán entre hoy y mañana una serie de reuniones donde el PJ intenta convencer a los senadores de la UCR para avanzar en la sanción del proyecto oficial que busca evitar los remates contra los deudores hipotecarios morosos, luego del fracaso del miércoles pasado.
Pese a que los senadores justicialistas tenían previsto aprobar el proyecto ese día y girarlo de inmediato a la Cámara baja, su voluntad no alcanzó para avanzar en la media sanción, debido a que los senadores radicales no habilitaron con su voto el tratamiento sobre tablas del proyecto, paso necesario ya que la iniciativa aún no tiene dictamen.
En la negociación del miércoles los senadores peronistas aceptaron introducir algunas modificaciones al texto enviado desde la Casa Rosada, pero el radicalismo se mantuvo inflexible, y sólo accedió a tratarlo «con preferencia» en la próxima sesión. La oposición cree que el proyecto no alcanza a un universo importante de deudores, que son más los que quedaran afuera del salvataje que los incluidos y que los parámetros fijados para gozar de ese beneficio no responden a la realidad.
Por último, el esfuerzo sólo será conseguir quórum en la sesión de Diputados prevista esta semana para aprobar la prórroga de la Emergencia Económica ya que el radicalismo no muestra oposición concreta al proyecto. «Mientras el país siga en default sigue la emergencia», dijo Horacio Pernasetti, presidente de la bancada radical.
Así el gobierno mantendrá hasta diciembre de 2004 las facultades que fueron delegadas por el Congreso a principios de 2002 al Poder Ejecutivo para encarar reformas económicas, financieras, cambiarias y sociales y dispondrá, por ley, la pesificación uno a uno de deudas entre particulares aplicándoles desde ahora el mismo sistema de actualización, por CER o CVS, que los créditos tomados en el sistema financiero.




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