Avanzó ayer en el Senado el proyecto que modifica la Ley de Lavado de Dinero y establece mayores poderes a la Unidad de Información Financiera para el combate de ilícitos en el sistema financiero. La norma -que no se convirtió en ley por haberse introducido cambios que Diputados deberá ahora convalidar- habilita a la UIF a pedir datos a entidades, AFJP, escribanías, registros, agentes de Bolsa o casas de cambio, por investigaciones que lleve adelante sobre alguno de sus clientes. La norma establece, entonces, que no podrán oponer secreto bancario o bursátil ante estos pedidos -ayer se agregó el secreto profesional-, aunque la Justicia no habilite el pedido, como sucede en la actualidad. No sucederá lo mismo con el secreto fiscal, que no se podrá levantar sin autorización judicial o salvo que la propia AFIP lleve adelante una investigación relativa a lavado, después que Alberto Abad se negó a aceptar la reforma.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Dejá tu comentario