Apura alianza presupuesto
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Que ya se haya firmado el acuerdo entre Nación y provincias para conseguir un compromiso fiscal que congele el gasto primario y establecer un nivel fijo de envíos por Coparticipación Federal en los próximos cinco años. Muchos creen que sin este requisito sería imposible un consenso para lograr quórum en el recinto.
El Ministerio de Economía deberá, además, enviar al Congreso los parámetros finales para modificar la Ley de Solvencia Fiscal. Es que al aumentar la proyección de déficit a $ 6.400 millones y postergar hasta 2005 la meta de equilibrio fiscal, los diputados estarían violando la ley si sancionaran el presupuesto ya que la norma vigente prohíbe subir el desequilibrio por encima de los $ 4.100 y plantea equilibrio presupuestario en 2003. Para eso, la Alianza votaría la reforma a la solvencia fiscal, nadie quiere llamarla convertibilidad fiscal en estos días al punto que el mendocino Raúl Baglini prohibió mencionar la palabra convertibilidad en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Una vez sancionada podrían proceder a votar el presupuesto 2001.
Por último quedan muchos puntos que consensuar en el proyecto de presupuesto. Hay una treintena de diputados que no quieren votar el proyecto con los recortes a los fondos provinciales del Tabaco y del subsidio al gas y a las naftas patagónicas, que si bien son menores a los establecido por el Ejecutivo, se siguen manteniendo. Además Baglini debe recalcular las variantes del presupuesto para introducir en el recinto la modificación mas importante: el reconocimiento de un déficit fiscal mayor al calculado.
También deberán acordar con los radicales Eduardo Santín y Cristina Guevara el recorte de $ 200 millones en el presupuesto del PAMI.
En el Frepaso la situación es mas complicada porque a las duras críticas del tucumano José Vitar se sumaron las amenazas del santacruceño Rafael Flores y un grupo de diez diputados, de votar en contra del presupuesto, no sólo por los recortes provinciales, sino por la ratificación del ajuste salarial para los empleados públicos y la sanción por decreto de la reforma previsional.



