La CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) emitió ayer un comunicado en el que hace comentarios al proyecto de ley de accidentes del trabajo y cuestiona varios de sus contenidos.
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«Obtuvimos el proyecto de fuentes oficiales; desde ya, si hubiera sido un papel suelto o una cadena de e-mails, no estaríamos comentándolo», dijo ayer a este diario Osvaldo Cornide, titular de la entidad. Por las mismas horas, altas fuentes de la UIA aseguraban no haber sido informadas del contenido de la iniciativa que enviaría Carlos Tomada al Parlamento en una fecha todavía a designar. «Esta ley va en el sentido inverso a lo anunciado por el gobierno, respecto de combatir el trabajo en negro: de sancionarse esta ley, y también los proyectos de reforma laboral, lo que se logrará es incrementarlo», enfatizó el dirigente.
Cabe recordar que el proyecto de ley de riesgos del trabajo ya fue leído y comentado por los asesores legales de la CGT, que tiene al abogado Héctor Recalde como su representante en la Cámara de Diputados. Los sindicalistas, respecto de los dos temas más controvertidos de la futura legislación, pidieron que haya «doble vía» en las demandas por accidentes (que el trabajador pueda cobrar la indemnización por ley de la ART y luego reclamar un monto mayor ante la Justicia) y la conformación de «comités mixtos de control», que integraría al menos un representante sindical.
Ahora le habría tocado el turno a la CAME, que le disputa a la UIA el privilegio de representar a las pymes. «Las críticas que expresamos a través del comunicado ya se las hicimos llegar al gobierno, por supuesto. Es que en cada reuniónque mantenemos con nuestros afiliados -empresas chicas y medianas- nos expresan las mismas dos preocupaciones: la ley de ART y los proyectos de reforma laboral presentados por Recalde», agregó Cornide a Ambito Financiero.
En tanto, la UIA logró reunirse a fines de la semana pasada con Carlos Zannini, secretario legal y técnico de la Presidencia, quien tiene en su órbita la tarea de darle forma al proyecto definitivo, que diferiría del que promueve Trabajo. En esa reunión, los dirigentes de la UIA habrían escuchado de boca del funcionario: «Cuando esté listo el proyecto, se los haré llegar. Por ahora, estamos trabajando en él», para de inmediato asegurar: «No voy a ceder a las presiones de la industria del juicio, ni tampoco a las de las ART».
En relación con los «comités mixtos», la CAME revela que la ley habla de que se crearán en empresas con un mínimo de 50 trabajadores. «Esta obligación involucrará a un gran número de pymes, muchas de ellas de bajo riesgo. Por eso entendemos que no sólo se debería atender al número de empleados, sino también al riesgo potencial y a la tipificación de la empresa», dice.
Agrega que «resultará gravosa la obligación impuesta al empleador de brindar a los delegados sindicales en el comité mixto formación especializada en materia de salud y seguridad laboral y prevención de riesgos laborales. Esta obligación será con cargo al empleador, y además se lo hace responsable de que los trabajadores reciban la formación prevista».
Además, manifiesta la CAME: «Un artículo establece las funciones y derechos de esos delegados, algunos de los cuales avasallan la potestad del empresario de dirigir la empresa».
En este punto parecen coincidir con la crítica «a ciegas» hecha por la UIA, respecto de que esos comités serán prácticamente «soviets» en los que se discutirá la administración de la empresa. Ejemplos que da la CAME sobre la base del proyecto oficial en su poder: acceder a la información sobre la política laboral del empleador; ser informado de toda innovación en materia de métodos de trabajo, herramientas, materias primas y en todo cuanto pueda tener incidencia en la salud y seguridad en el trabajo.
También el documento le dedica un párrafo a la restauración de los «representantes de prevención» que se propone en empresas a las que no les corresponda constituir el comité o no puedan hacerlo: será el delegado gremial o quien designe el gremio. «El segmento de menos de 50 empleados es el que concentra el mayor número de empresas en el país, las que carecen de toda estructura gerencial y administrativa salvo la ejercida por su propio dueño. Y por razones económicas, no tienen acceso al asesoramiento profesional, por lo que sufrirán una carga gravosa no sólo por el mayor costo que pueda representar, sino por las obligaciones incumplibles que les generará.
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