Audiencias con privatizadas, cerca de barrios piqueteros
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Luis D’Elía
Sin embargo, las empresas no ponen en el centro la presencia de los piqueteros. «No se trata de un problema de seguridad o el temor a los escraches, es más que eso, es la expresión de que no habrá voluntad de una discusión racional por parte del Estado», dijo el representante de una de las compañías.
En otra de las privatizadas, uno de los asesores legales dijo: «De todas formas, lo que más preocupa en este momento es cómo responder frente a la ilegalidad de la convocatoria». Esto dicho en referencia a que las audiencias públicas fueron convocadas en forma unilateral por el gobierno, sin ningún entendimiento previo con las empresas.
Dicho de otra forma, las empresas se están preguntando cómo informar que no irán a la audiencia, en el caso de que esa posición vaya consolidándose y sea la que finalmente se adopte. No depende sólo de las gerencias locales de las privatizadas, sino también de las casas matrices y aun de los gobiernos de donde provienen, con los cuales la administración argentina puede tender alguna negociación.
En una de las empresas se especuló con que si transcurridos 15 días hábiles de la convocatoria a las audiencias, realizadas el 8 de este mes, las compañías no suspenden los juicios ante el CIADI, las audiencias quedarían sin efecto. Este razonamiento parte de extrapolar el acta de entendimiento firmada entre Edelap y la unidad de renegociación-(Uniren), pero en este caso no hay preacuerdo entre las partes, mientras sí lo hubo con la distribuidora de La Plata.
• Necesidad
Y más que eso: el gobierno necesita que las tarifas de Edenor y Edesur sean iguales que las gestionadas con Edelap para que no se lo acuse de trato discriminatorio con respecto a los usuarios, siendo las tres eléctricas las únicas distribuidoras que están bajo jurisdicción del Estado nacional.
Por otra parte, el gobierno también necesita poner en marcha aumentos de tarifas para mostrarlos ante el Fondo Monetario. Aun cuando éstos, si no hay aceptación de las compañías, deberán ser recaudados por las empresas y transferirse al Estado nacional para aplicarlos a obras en las áreas de concesión, el gobierno argumentaría que por lo menos se está evitando el deterioro de la infraestructura de energía, tema que también figura entre las preocupaciones del Fondo y de los países del G-7.
De todos modos, ninguna de las compañías quiere arriesgar por ahora la última palabra. Parecen esperar algún cambio, aun cuando ya saben que difícilmente lo habrá. Desde fuentes muy altas del gobierno, les hicieron saber que «las propuestas que se hicieron son las que avala el presidente Néstor Kirchner, y no hay posibilidad de moverse de lo escrito».




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