24 de marzo 2005 - 00:00

Audiencias con privatizadas, cerca de barrios piqueteros

Luis D’Elía
Luis D’Elía
El gobierno resolvió trasladar las audiencias públicas para discutir la situación de Edenor, Edesur y MetroGas desde Parque Norte hasta un complejo de Vialidad Nacional ubicado en Avenida General Paz y Emilio Castro, en el límite entre Mataderos y Liniers, y a cinco minutos del Puente La Noria en camión o auto.

En un primer momento, el sector empresarial supuso que el cambio de lugar tendería a encontrar un sitio más protegido que Parque Norte y que permitiera menor cantidad de asistentes de modo que se realizara un debate relativamente ordenado y desalentara la presencia de los piqueteros, luego de que Luis D'Elía anticipó que concurriría con 50.000 adherentes.

• Temores

Un vocero de una de las empresas afirmó que «el cambio de lugar facilita el acceso de los piqueteros a una sede de grandes dimensiones y en una zona prácticamente desprotegida». En otra compañía, una fuente dijo que «a lo mejor quieren ahorrarles combustible a los piqueteros».

«Parque Norte era complicado, al punto que en 2002 cuando el gobierno de Eduardo Duhalde citó ahí a una de las audiencias que frenó la Justicia, Armando Cavalieri (dueño del complejo) pidió que cambiaran de lugar porque le iban a romper las instalaciones», recordó el vocero de otra privatizada.

«Ahora -añadió-, si Parque Norte era difícil, estos galpones de Vialidad Nacional parecen una señal a los piqueteros para que concurran.»

Sin embargo, las empresas no ponen en el centro la presencia de los piqueteros. «No
se trata de un problema de seguridad o el temor a los escraches, es más que eso, es la expresión de que no habrá voluntad de una discusión racional por parte del Estado», dijo el representante de una de las compañías.

En otra de las privatizadas, uno de los asesores legales dijo: «De todas formas, lo que más preocupa en este momento es cómo responder frente a la ilegalidad de la convocatoria». Esto dicho en referencia a que las audiencias públicas fueron convocadas en forma unilateral por el gobierno, sin ningún entendimiento previo con las empresas.

Dicho de otra forma, las empresas se están preguntando cómo informar que no irán a la audiencia, en el caso de que esa posición vaya consolidándose y sea la que finalmente se adopte. No depende sólo de las gerencias locales de las privatizadas, sino también de las casas matrices y aun de los gobiernos de donde provienen, con los cuales la administración argentina puede tender alguna negociación.

En una de las empresas se especuló con que si transcurridos 15 días hábiles de la convocatoria a las audiencias, realizadas el 8 de este mes, las compañías no suspenden los juicios ante el CIADI, las audiencias quedarían sin efecto.
Este razonamiento parte de extrapolar el acta de entendimiento firmada entre Edelap y la unidad de renegociación-(Uniren), pero en este caso no hay preacuerdo entre las partes, mientras sí lo hubo con la distribuidora de La Plata.

• Necesidad

Y más que eso: el gobierno necesita que las tarifas de Edenor y Edesur sean iguales que las gestionadas con Edelap para que no se lo acuse de trato discriminatorio con respecto a los usuarios, siendo las tres eléctricas las únicas distribuidoras que están bajo jurisdicción del Estado nacional.

Por otra parte, el gobierno también necesita poner en marcha aumentos de tarifas para mostrarlos ante el Fondo Monetario. Aun cuando éstos, si no hay aceptación de las compañías, deberán ser recaudados por las empresas y transferirse al Estado nacional para aplicarlos a obras en las áreas de concesión,
el gobierno argumentaría que por lo menos se está evitando el deterioro de la infraestructura de energía, tema que también figura entre las preocupaciones del Fondo y de los países del G-7.

De todos modos, ninguna de las compañías quiere arriesgar por ahora la última palabra. Parecen esperar algún cambio, aun cuando ya saben que difícilmente lo habrá. Desde fuentes muy altas del gobierno, les hicieron saber que «las propuestas que se hicieron son las que avala el presidente Néstor Kirchner, y no hay posibilidad de moverse de lo escrito».

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