Avanzan leyes contra evasión

Técnicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y asesores de los legisladores, que deberán decidir sobre el paquete de leyes antievasión que envió hace dos semanas el gobierno al Congreso, avanzaron ayer en varios capítulos que estarán incluidos en el texto definitivo del proyecto, que será tratado probablemente la próxima semana en Diputados.

Los primeros avances concretos en el proyecto pasarán por la aprobación del paquete que sanciona y aumenta el poder de policía de la AFIP en las operaciones financieras con el exterior y la valoración de los commodities en el momento del embarque en lugar del precio de compra.

Además, habría surgido un principio de acuerdo en la tipificación de la acusación de «asociación ilícita», con la definición de los casos en los cuales se podría aplicar esta figura.

Los hombres que envió el titular de la AFIP, Alberto Abad, encabezados por Roberto Sericano (el nexo entre el organismo recaudador y Economía), estuvieron en el Congreso hasta pasadas las 22 y prácticamente definieron que uno de los primeros proyectos que se aprobarían (por lo menos en Diputados) es la consideración como un aumento de activos el ingreso de efectivo desde paraísos fiscales, si éstos no están previamente declarados en el Impuesto a los Bienes Personales y Ganancias.

• Commodities

El segundo tema donde los técnicos de la AFIP habrían tenido cierto aval de los diputados es la calificación de los valores de los commodities para las operaciones de comercio exterior en el momento del embarque y no en el de compra. Según la AFIP, este tipo de movimientos representaría operaciones de venta entre las mismas firmas, con el objetivo de pagar un menor nivel de IVA y Ganancias.

Ayer, varios dirigentes que representan a las Bolsas de cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Santa-Fe y Rosario (las más importantes del país) enviaron una nota al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Carlos Snopeck, asegurando que esta iniciativa «ha causado gran preocupación por los efectos que podría provocar en la cadena de comercialización de cereales y oleaginosas». Los dirigentes critican el proyecto y piden que se efectúen operaciones abiertas en el momento de discutir la idea para que puedan exponer su posición contraria. Para estos empresarios, el avance en este punto implicaría una caída en el financiamiento del sector y no ayudaría a combatir la evasión.

Ayer se avanzó también en el Congreso en la tipificación de los delitos que se incluirían en la acusación de « asociación ilícita», uno de los puntos fundamentales que reclama la AFIP. Ya habría dos casos seguros en los que cabría la figura: cuando se detecte un grupo de tres o más personas que se dedican a emitir facturas apócrifas y cuando se descubra a otro grupo desarrollando productos informáticos para alterar las facturaciones en las «cajas negras» o controladores fiscales.

Donde habrá un debate mayor es en el pedido para incluir en la legislación mayores causas para clausurar comercios y empresas y un incremento en las multas para los casos en los que no se permitan las fiscalizaciones. En este sentido, ayer el titular de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Raúl Lamacchia, que habría criticado esta avance del gobierno, pidiendo «no sólo medidas destinadas a los que siempre pagan», dijo que es necesaria una moratoria y que «se permita regularizar su situación fiscal a cientos de PyMEs».