Rodolfo Barra, titular de la Auditoría General de la Nación, les hizo un favor la semana pasada a los gobernadores mediante una «opinión» de la presidencia de ese cuerpo, instrumento que se utiliza normal-mente para sentar criterios en distintos temas del Estado. El documento firmado por Barra establece -después de un análisis de la votación de la ley que creó el impuesto al cheque, el contenido del último Compromiso Fiscal y las normas constitucionales en materia de fondos coparticipables y asignaciones especiales-que en realidad la votación del nuevo impuesto tanto como la modificación en el Fondo Especial del Tabaco serían válidas sólo si se interpreta que el piso-techo de garantía de reparto a provincias es indicativo y a los efectos de una organización de los pagos del Estado, pero que la diferencia a favor de los gobernadores debe quedar como una deuda que la Nación debe cancelar en algún momento. Barra explica que el artículo que establece que las provincias no recibirán su parte en la recaudación del impuesto al cheque debió sancionarse con la mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara, número que la Constitución establece para toda modificación en asignaciones de la coparticipación.
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Por lo tanto, bajo ese razonamiento, no se podrían invocar las cláusulas del último pacto fiscal que fijaron un monto fijo de $ 1.364 millones con independencia de otros impuestos a crearse a futuro.
