7 de diciembre 2022 - 08:38

El Gobierno creó un comité nacional de blockchain: qué usos le dará el Estado

El comité dependerá de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y tiene por objetivo determinar su implementación en distintas áreas.

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El Gobierno nacional estableció la creación del comité nacional de blockchain. Según la Resolución 17/2022 publicada en Boletín Oficial, el mismo dependerá de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y tiene por objetivo determinar su implementación en distintas áreas del Estado. Cuáles son los puntos clave y los objetivos.

En la Resolución se aclaró que el comité nacional de Blockchain estará presidido por quien se encuentre a cargo de la Secretaría de Innovación Pública. Por tal motivo, dicha persona tendrá la facultad de “dictar las normas complementarias, aclaratorias y reglamentarias correspondientes”. De hecho, podrá articular “la convocatoria a aquellos organismos y entidades del Sector Público Nacional que, conforme a sus acciones primarias y competencias, puedan contribuir al desarrollo de políticas públicas y soluciones tecnológicas basadas en blockchain”, detalló el comunicado.

En el anexo, el Gobierno define blockchain como "una tecnología de registro distribuido (Distributed Ledger Technology, DLT). Un registro distribuido es una forma de base de datos digital que es actualizada y mantenida por cada miembro de manera independiente en un gran espacio de red. En este tipo de registros, comúnmente llamados de libro mayor, no hay ninguna autoridad central para transmitir los registros a cada miembro. En su lugar, todos los nodos mantendrán el libro mayor y lo construirán de forma independiente; pero en ese caso, los nodos de la red deberán tener acceso a las listas de transacciones y dar su propia conclusión antes de agregarla en el libro mayor distribuido".

Se planteó que “el Estado Nacional, en su rol planificador, debe determinar los lineamientos generales para la adopción e implementación de esta tecnología en el ámbito de sus acciones y tareas, propendiendo a obtener el máximo aprovechamiento de sus potencialidades.

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Aplicación y objetivos que le dará el Estado a la blockchain

El uso de la tecnología blockchain puede transformar la digitalización del Estado permitiendo reducir la discrecionalidad humana, posibilitando ampliar los horizontes de participación ciudadana y asegurando mayores grados de seguridad en el manejo de la información pública.

  • En la próxima década, se espera que la tecnología blockchain impacte de manera positiva promoviendo la eficiencia y transparencia en las gestiones de Gobierno y Administración Pública y generando nuevos mecanismos de confianza hacia lo público. En el caso argentino, tanto a escala nacional, como provincial y municipal, la tecnología blockchain puede ayudar a simplificar los sistemas de registro, almacenamiento y conciliación, así como también a reducir los costos de esos procesos. De forma general la tecnología blockchain permitirá gestionar el sector público de manera más transparente y eficiente haciendo más ágiles las interacciones de los ciudadanos con el Estado.
  • Dos usos inmediatos: la auditoría y la certificación de identidad.

Auditoría: Bajo este primer uso de la tecnología blockchain como facilitadora en los procesos de auditoría, la ciudadanía puede seguir de manera sencilla diversas gestiones que competen al dominio público, especialmente aquellas en las que entran en juego la gestión económica y administrativa de gobierno.

Potencialmente, el acceso a esta información puede redundar en procesos de auditoría en tiempo real. Esto es así gracias a que para la tecnología blockchain, la burocracia estatal puede ser reconocida como un libro de registro más entre tantos otros.

Certificación de identidad: el segundo tipo de uso inmediato para la tecnología blockchain en la transformación digital del Estado busca evitar la falsificación y fraude en la gestión y uso de distintos tipos de documentos y títulos otorgados por la Administración Pública. Los Estados Nacionales registran y certifican la identidad de las personas reconociendo su nacionalidad, sus lazos filiatorios y, en el caso particular del Estado argentino, su identidad autopercibida de género. A través del registro de nacimientos y defunciones los Estados certifican la existencia de los individuos y, en momentos claves de su vida como puede ser al momento de matricularse en el sistema educativo o vincularse en matrimonio, esa información se utiliza como respaldo y confirmación de las identidades. Además, el Estado Nación registra y certifica también la propiedad y la posesión de bienes materiales y simbólicos.

En este sentido, el ejemplo paradigmático es el documento nacional de identidad. En el mundo pre-digital, el simple hecho de poseer un documento o un pasaporte en papel certificaba la identidad de una persona y la asociaba a un país de origen. Sin embargo, la validez de ese papel no radica en su material de composición si no en el hecho de que fue otorgado por un Estado Nación luego de haber sido asentado en un registro. De modo que la identidad de una persona está validada porque figura en la base de datos nacional.

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