La Paz (DPA) - Tres departamentos de Bolivia iniciarán hoy el bloqueo de rutas a la Argentina y Paraguay sin descartar el cierre de válvulas de los gasoductos petroleros en protesta contra el gobierno boliviano de Evo Morales al exigirle la devolución de 30% de los recursos del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH).
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Los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca -principales productores de hidrocarburos- tomaron la decisión en el Consejo Nacional de la Democracia (Conalde) reunido el viernes pasado en la población Maíz, nueva víctima registrada en los cultivos estadounidenses, el primer productor y exportador del mundo. Si bien es cierto que allí aún faltan 2 o 3 meses para la cosecha, uno de los momentos más críticos del cultivo -la floración- ya pasó y las perspectivas ahora son buenas. Para la mercadería local, la baja en los precios llegó a superar los u$s 50 por tonelada y, a pesar de las variaciones, los valores ya no se prevén en los altísimos niveles anteriores.
El otro aspecto negativo en el plano local es el significativo aumento -en dólares- de los costos de producción que oscilan ahora en u$s 450/ 550 por hectárea, con una suba de cerca de 70% respecto de la campaña pasada, que fue liderado especialmente por los fertilizantes (los fosforados aumentaron más de 150% y los nitrogenados entre 100% y 120%), y algunos agroquímicos como herbicidas que subieron, siempre en dólares, más de 120%. A esto hay que agregar el hecho, para nada menor, de chaqueña de Villamontes.
El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Roberto Gutiérrez, informó que la Declaración de Villamontes determina que esas acciones deben ser acatadas por todas las organizaciones cívicas de las tres regiones a partir de hoy. Sin embargo, el gobierno anunció ayer que tiene una estrategia para garantizar la seguridad energética en el país con el concurso de la Policía Nacional ante las amenazas de las regiones que pertenecen a la llamada Media Luna. El ministro de gobierno, Alfredo Rada, advirtió que «acudirán al empleo legal de la fuerza pública para evitar que grupos de desenfrenados cívicos lleven a la práctica sus amenazas». A la vez descartó la militarización de estos sectores porque no forma parte de la política del gobierno del presidente Evo Morales.
Entretanto, el primer mandatario participó el sábado de una reunión extraordinaria del Consejo Nacional para el Cambio (Conalcam) en Cochabamba, en la cual los sectores sociales afines al gobierno y al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) le pidieron que apruebe tres decretos.
El primer decreto se refiere a convocar al referendo ratificatorio del proyecto de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que fue aprobado por la Asamblea Constituyente en diciembre del año pasado, pero rechazado por la oposición. El segundo decreto se refiere a la convocatoria a elección de los prefectos de La Paz y Cochabamba, luego de que el mandato de esas autoridades -José Luis Paredes y Manfred Reyes Villa, respectivamente- fue revocado en el referendo del 10 de agosto, además de elegir a los subprefectos y consejeros departamentales.
El tercer decreto supremo es para determinar la nueva redistribución del IDH por cuya devolución las regiones de la Media Luna mantienen sus protestas y asumen medidas de presión hasta lograr su devolución.
El presidente Morales ratificó que no tiene nada que devolver porque «esos recursos no les pertenecen a los prefectos, sino al pueblo boliviano».
Movilización
El Conalcam resolvió también convocar a una gran movilización para fortalecer sus estructuras con el fin de garantizar la aprobación del texto constitucional, impulsar el diálogo y la concertación con el propósito de cuidar la unidad de Bolivia y la consolidación de la revolución democrática y cultural en el país.
Tanto Gutiérrez como el vicepresidente del Comité Cívico de Pando, Ricardo Shimokaya, rechazaron, por separado, cualquier intento gubernamental de redistribuir el IDH y de consultas que afecten a las autonomías departamentales.
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