La American Task Force Argentina (AFTA), una de las entidades que nuclea a los acreedores que no entraron al canje de deuda, consideró ayer que el gobierno dio «un buen paso» con el pago al Club de París, pero advirtió que el país «no se recuperará si no vuelve al mercado de capitales y para hacerlo tendrá que renegociar con los tenedores».
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La AFTA agrupa a los bonistas de Estados Unidos que rechazaron entrar al canje de deuda de 2005 y reclaman que la Argentina vuelva a renegociar esa deuda. En un estudio publicado ayer en su página Web, la entidad dio a conocer «una nueva estimación de los costos totales de la deuda argentina por efecto de la reestructuración entre 2001 y 2005», preparado por su titular, Robert Shapiro.
El estudio, que actualiza una anterior estimación de ATFA, señala que «de diciembre de 2001 a diciembre de 2007, el valor por defecto y reestructuración costó en Estados Unidos a los prestamistas, inversores y contribuyentes u$s 20,3 millones» por intereses no percibidos. Agrega que «los costos en todo el mundo llega a un total de u$s 155 millones».
Puntos salientes
A continuación, los principales puntos del informe:
Se vive un momento de creciente preocupación en Buenos Aires, los Estados Unidos y en todo el mundo sobre el actual gobierno argentino y su capacidad para administrar el país, su economía y las políticas económicas de manera eficaz.
Con rápido aumento de la inflación en la Argentina, un empeoramiento del deterioro de la confianza de los inversores, y su acceso a los mercados internacionales de capital sin precedentes por su repudio de decenas de miles de millones de dólares de su deuda soberana.
Ahora, los Kirchner también debe aprovechar esta ocasión para resolver los miles de millones de dólares en pendientes desde hace mucho tiempo, las deudas contraídas con privados en todo el mundo. Sólo entonces podrá la Argentina recuperar su acceso a los mercados internacionales de capitales y la amplia comunidad internacional. Para evitar el peligro de contagio de fiebre aftosa, la AFTA presentó el pasado 9 de julio en el Senado de Estados Unidos un pedido de proyecto de ley que prohíba el ingreso de carne vacuna o porcina, fresca o congelada, procedente de la Argentina.
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