Buenos Aires: más controles para las privatizadas

Buenos Aires - En los próximos días, el gobernador Felipe Solá completará su plan para aumentar el control sobre las privatizadas. Ya lo hizo la semana pasada con la distribuidora de gas Camuzzi, con la de agua, con los peajes de las rutas 2 y 11 y, en parte, con la empresa de trenes Ferrobaires.

Pero ahora el desafío es mayor: buscará, mediante proyecto de ley que enviará próximamente a la Legislatura, modificar el marco regulatorio de las empresas distribuidoras de electricidad EDEN, EDES y EDEA.

«Es una oportunidad para ordenar los errores regulatorios de los '90", precisó el ministro de Infraestructura, Eduardo Sícaro, en diálogo con Ambito Nacional.

En rigor, según establece el proyecto que ya redacta Solá, la intención es aumentar el control del Estado sobre las privatizadas, asegurando a los usuarios el acceso al consumo y una distribución eficiente de los servicios esenciales atendiendo, si fuese necesario, un aumento de la demanda.

Terminante, Solá decidió, además, que apelará si es necesario a la anulación de los contratos: «En todos los contratos de servicios públicos los incumplimientos terminan con la ruptura de la concesión», confirmó Sícaro.

Por la Legislatura de la provincia ya pasaron múltiples proyectos modificando los marcos regulatorios. Una de las cláusulas comunes es, precisamente, «llegar a la recisión mucho más rápido si las compañías no cumplen», explicó el ministro.

- Pero entonces hay disconformidad con los actuales servicios...

- Sí, hay falencias; y además las concesiones carecen de un rol protagónico por parte del Estado. Hoy estas compañías manejan el corto plazo y la realidad es que los objetivos de un servicio público son en el largo plazo. Nada de lo que pedimos es incumplible.

Respecto de la discusión por un aumento en las tarifas, Sícaro negó rotundamente que se esté pensado en ello; y aclaró, no obstante, que la marcha de la provincia está «atada a las decisiones de Nación».

Veamos algunos detalles sobre servicios públicos provinciales:

• ELECTRICIDAD. Tres empresas tienen a su cargo el servicio en la provincia: EDEN y EDES (338.000 clientes que abarcan las zonas sur y norte) y EDEA (410.000 clientes en un tercio -región este- de la provincia). El año pasado, el gobierno provincial acordó una tarifa social para los servicios de luz eléctrica.

• GAS. La semana pasada se anunció la creación de Gas Buenos Aires, empresa estatal para proveer de ese servicio a unas 90 localidades del interior provincial que no son asistidas por las concesionarias privadas de ese servicio. Se constituirá bajo el encuadre legal de Sociedad Anónima, con participación mayoritaria del Estado, y asistencia de subdistribuidores.

Fuentes de la empresa Camuzzi Gas Pampeana rechazaron los argumentos y recordaron que la legislación vigente les confiere la exclusividad territorial hasta 2027.

• AGUA. Aguas Bonaerenses SA provee del servicio a los 71 municipios a partir del abandono, en 2001, de la concesión por parte de Azurix Buenos Aires SA. Aquella situación, derivada de fuertes enfrentamientos entre el gobierno y la empresa, perteneciente al grupo del malogrado gigante energético Enron, puso fin a la concesión y terminó con una demanda de la provincia ante tribunales internacionales por u$s 600 millones.

• TRENES. También recientemente el gobernador Felipe Solá y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, iniciaron formalmente las negociaciones por los ferrocarriles de larga distancia, que están a cargo de Ferrobaires. El gobierno de Néstor Kirchner ya manifestó su interés porque estos trenes, especialmente el ramal Buenos Aires-Mar del Plata-, volvieran a la órbita nacional merced a las deficiencias del servicio.

• PEAJES. Desde el lunes 5 de enero, el gobierno bonaerense puso en vigencia las nuevas reglas diseñadas para las concesiones viales que dejarán en manos de la provincia 70% de las recaudaciones que entren a las estaciones de peaje. Los ingresos provenientes de las tarifas de peajes se destinarán a la creación de un fideicomiso para realizar las obras que los concesionarios no efectuaron. La medida alcanza a la empresa Covisur, concesionaria de la autovía 23, y Caminos del Atlántico, de la Ruta Interbalnearia 11.