Buscan acordar desde hoy con privatizadas
Una misión enviada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, se entrevistará a partir de hoy con los principales ejecutivos de empresas privatizadas de capital español. Los encuentros serán en Madrid y apuntarán a acercar posiciones respecto del marco regulatorio y las tarifas. Al mismo tiempo, por igual tema, aquí el propio De Vido recibirá al embajador de Holanda, país al que le toca presidir la Unión Europea. Sólo con acordar con acreedores no alcanza para reflotar el programa con el FMI, y por ello los contactos ahora del gobierno con las privatizadas.
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Julio De Vido
Para los españoles, el envío de la misión es una señal alentadora, no sólo porque sus objeciones podrán ser escuchadas personalmente, sino porque, además, el viaje en sí mismo refleja una mayor predisposición a negociar de parte del gobierno argentino.
Al respecto, hay que señalar que la misión fue suspendida, por lo menos, en tres oportunidades ante el disenso sobre las bondades de emprender el viaje en el seno del gobierno. Fuentes del Ministerio de Planificación advierten que, en realidad, el encuentro había sido pactado en enero pasado, cuando De Vido estuvo en España, y fue postergado, necesariamente, hasta que se tuviera listo el proyecto.
Además de los encuentros en la CEOE, la misión tiene prevista una serie de reuniones con las empresas involucradas en forma individual.
Luego de los encuentros madrileños, viajarán hacia Barcelona para encontrarse con la gente de La Caixa (que tiene 12% del paquete accionario de Repsol, más de 7% de Telefónica y 4% de Endesa).
Los integrantes de la misión ya tuvieron su bautismo de fuego en Washington, cuando fueron interpelados por los técnicos y funcionarios del Banco Mundial. Allí, al igual que ahora expresan algunos representantes de la UE -como días atrás lo hizo Van Houtum al propio Roberto Lavagna-, el comentario crítico hacia el proyecto tiene más sesgo ideológico que económico, ya que no les puntualizaron ningún aspecto negativo. Sólo se ocuparon de decirles: «No es lo que quisiéramos», en referencia al proyecto. Los funcionarios argentinos, por su parte, argumentan que no se trata de un nuevo marco regulatorio que viene a reemplazar a otro -que no existe-, sino que es la única iniciativa para regular los servicios públicos.
Sin agenda previa, con el solo objetivo de querer escuchar las opiniones sobre el proyecto de ley, los enviados argentinos estiman que el camino hacia el consenso cuenta con menos obstáculos de los que se cree.
Claro que las posiciones entre las mismas empresas españolas no resultan tan homogéneas como pareciera. Esto, a raíz de que algunas tuvieron ajustes de tarifas, como las telefónicas. Mientras las empresas eléctricas y otras energéticas se muestran más reacias al entendimiento por cierto retraso en sus tarifas.
El proyecto que fue enviado ya al Congreso está en la Cámara de Diputados, donde el debate está a fuego lento.




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