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Por eso están presionando al gobierno para que asuma la responsabilidad de esos pasivos y a cambio aumentarían el crédito para aprobar el presupuesto. El punto central que plantean los gobernadores es que, a diferencia de la deuda en títulos públicos, donde los inversores saben que asumen un riesgo y ese riesgo está más que compensado por la tasa de interés que reciben, en la deuda con organismos internacionales de crédito no hay reestructuración. Sabiendo eso, las provincias pretenden entonces trasladar el pasivo al Estado.
Se trata de una negociación desleal que abrumaría aun más las delicadas arcas fiscales. Es que, llegado el caso, el Estado tiene un problema mayor que el de las provincias: su deuda con organismos de crédito asciende a u$s 30.000 millones, que tampoco entrarían en la renegociación y se han convertido de un día para otro en 60.000 millones de pesos.
Lo cierto es que el monto que adeudan las provincias a organismos de crédito surge de una gran cantidad de programas de todo tipo que se han venido implementando desde hace una década en el país. Un verdadero despilfarro que, en la mayoría de los casos, sólo ha servido para dar trabajo a amigos y amigos de amigos de los funcionarios de turno pero que poco ha aportado al desarrollo del país.
Estos programas crediticios se han usado para financiar el sistema educativo, para financiar caminos provinciales, exportaciones del sector agropecuario, protección de bosques, desarrollo minero. Inclusive, se da la paradoja de que la Nación ha recibido desembolsos por u$s 16 millones para invertir en el mejoramiento de la administración del gasto público, objetivo que lejos quedó de lograrse.
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