Miguel Campos, secretario de Agricultura, defenderá hoy ante el Senado la modificación al Impuesto a las Ganancias, incluida en el paquete antievasión, que busca evitar la subfacturación en exportaciones agropecuarias. Esta será la tercera reunión en la que la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibirá consultas, teniendo en cuenta que anteriormente lo hicieron el jefe de la AFIP, Alberto Abad, y las entidades del agro.
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El proyecto, con media sanción de Diputados desde hace 20 días, espera el dictamen de la Comisión del Senado dentro de una semana y se calcula que sería aprobado en el recinto, a más tardar dentro de 15 días, aunque hay presión del gobierno y de algunos senadores del PJ para emitir el dictamen hoy mismo.
Con la ley la AFIP quiere controlar los precios de transferencia de mercaderías exportadas triangulando a través de operadores radicados en el exterior por empresas vinculadas con la exportadora local, incluso en paraísos fiscales, y que actúan comprando esos commodities a un precio inferior al del mercado para pagar menos impuestos. La operación se completa cuando el intermediario vende el producto a sus verdaderos compradores al valor real. Para esto se fijó que el valor de declaración será el de embarque y no el del momento de cierre de la operación, lo que es resistido por las cerealeras alegando que bloquearía la firma de contratos a futuro.
El proyecto establece también que el exportador podrá evitar que se tome el valor de embarque si su intermediario demuestra fehacientemente tener domicilio real en su país de residencia, muestra un aceptable estado contable y sus activos son acordes con los volúmenes de las operaciones.
La iniciativa impulsada por el gobierno, que fue defendida por Abad y rechazada con énfasis por exportadores y cerealeras que amenazan con trasladar a los productores el mayor costo, finalmente sería votada sin modificaciones en relación con el texto enviado por Diputados.
Mientras tanto, Julio De Vido se presentará hoy a las 16 ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Defensa del Consumidor y Obras Públicas para defender el proyecto que otorga facultades al Poder Ejecutivo para renegociar hasta diciembre de 2004 los contratos tarifarios de las empresas de serviciospúblicos, una de las exigencias pendientes dentro del acuerdo con el FMI, pero que tiene un futuro incierto, incluso una vez que el Congreso le otorgue a Kirchner esos poderes.
• Extensión
El proyecto fue aprobado hace un mes por el Senado y todo indica que después de las explicaciones del ministro los diputados peronistas comenzarán a firmar el dictamen correspondiente, con la idea de que sea tratado en el recinto una semana después, en la sesión del 1 de octubre.
El proyecto aprobado por el Senado establece la extensión al 31 de diciembre de 2004 del proceso de renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos. Los nuevos contratos negociados por el Poder Ejecutivo quedarán vigentes automáticamente en caso de que el Congreso no se pronuncie en un plazo de 90 días, procedimiento que se conoce como «sanción ficta» y que es rechazado de plano por la oposición.
