11 de junio 2001 - 00:00

Buscan salida para Aerolíneas pero no será en forma rápida

Los cinco gremios aeronáuticos que firmaron el acuerdo con Aerolíneas Argentinas aceptando en forma general la reducción de salarios y la modificación de los convenios laborales estuvieron reunidos este fin de semana con el gerente de Recursos Humanos de la empresa para pactar en términos concretos las nuevas condiciones laborales.

Por ahora, la negociación continúa. Uno de los gremios clave, el de los pilotos, dijo que no se podía acordar la rebaja salarial si la empresa no define previamente su plan operativo. Esto es así porque a menos horas de vuelo, los pilotos pierden el premio por productividad que llega a 30% en caso de 85 horas mensuales voladas. En principio, los pilotos sólo aceptarían hablar de rebajas si se les asegura una ocupación de 75 horas por mes.

Acuerdos concretos

Estas negociaciones, aunque por ahora no hayan dado resultado positivo, indicarían que por lo menos por ahora la SEPI no decidió abandonar Aerolíneas, aun cuando la semana pasada suspendió más de 80% de los vuelos internacionales de la empresa.

En apariencia, algunos representantes de la sociedad española, entre ellos Emilio Cabrera y Juan Gurbindo, que están a cargo de la gestión en Buenos Aires, están buscando cerrar los acuerdos concretos con los cinco gremios que aceptaron el plan director para mostrar un avance y lograr cierto desembolso de dinero. Esto permitiría mantener la continuidad empresaria y darse tiempo para negociar mejor con el gremio de los técnicos aeronáuticos, que no acepta el plan director, y reclama un plan de viabilidad de Aerolíneas antes de sentarse a negociar.

Esta decisión de la SEPI marca matices dentro de la entidad estatal de España y también sería consecuencia del malestar cada vez más acentuado de compañías y bancos de ese país que operan en la Argentina y creen que la situación se está manejando mal, con muy poca flexibilidad.

Como contrapartida, el gobierno argentino parece que no sabe todavía cómo ubicarse frente a la crisis. Ayer trascendió que el vicejefe de gabinete, Armando Caro Figueroa, que estuvo el fin de semana en Madrid por razones personales, habría realizado alguna gestión para sacar la discusión del plano estrictamente gremial en que pretende ponerlo el presidente de la SEPI, pero la información no pudo confirmarse.

Consecuencias

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, analizará a partir de hoy las consecuencias de la suspensión de vuelos de Aerolíneas Argentinas a Brasil, Estados Unidos y Oceanía desde el jueves pasado, y estudiará si corresponde intimar a la empresa para que cumpla el servicio. Este último aspecto será revisado con cuidado, porque, según trascendidos confiables, se estarían preparando acciones legales contra el gobierno, debido a que no obliga a Aerolíneas a operar las frecuencias internacionales que le fueron adjudicadas y pertenecen al Estado nacional.

Rutas

Según la información oficial, Bastos y el nuevo secretario de Trasporte, Ignacio Ludueña, analizarían también si se pueden relicitar las rutas que Aerolíneas suspendió, aunque, según la legislación vigente, la empresa debe paralizar los vuelos por seis meses, antes de que se puedan volver a adjudicar las rutas.

Por otra parte, durante el fin de semana trascendió que la Secretaría de Trasporte autorizó a LAPA, Airplus y Southern Winds frecuencias internacionales que habían solicitado hace varios meses y que no habían sido adjudicadas por la subsecretaria
Marina Donato, que hasta el viernes estuvo a cargo del área Transporte Aerocomercial.

Sin embargo, la situación económica en que se encuentran esas empresas locales genera dudas sobre la posibilidad de que hoy puedan conseguir aviones para volar a Estados Unidos, y de hecho LAPA suspendió hace tres meses el vuelo a Atlanta.

Estos movimientos del gobierno desconciertan, así como las versiones de que se alentaría una fusión de todas las empresas locales bajo el control del empresario
Eduardo Eurnekian, y que esa nueva sociedad se presentaría en una nueva licitación de Aerolíneas o de las rutas de la empresa.

El viernes, el propio canciller español,
Josep Piqué, dijo que « no tiene sentido» que el Estado español opere Aerolíneas y Austral después de que su gobierno privatizó Iberia. Pero también dijo que la intención es «sanear la situación de la compañía y a partir de ahí estar en condiciones de que pase a otros propietarios».

Intenciones

Por su parte, la ministra Patricia Bullrich propuso una nueva instancia de «negociación rápida» con España por la crisis de Aerolíneas, y dijo que «la solución está más cerca que antes», sin especificar el contenido de la frase. Indicó que se intentará lograr que la empresa «tenga capital, reponga sus escalas y vuelva a la normalidad».

Sin embargo, nadie cree que haya una solución rápida, dada la envergadura que ya tiene la crisis.
La SEPI tendría que definir ahora un nuevo plan operativo, rehabilitando paulatinamente los vuelos, en primer lugar los de San Pablo y Rio de Janeiro, que son muy rentables y que están siendo ganados por la competencia brasileña, mientras Aerolíneas hubiera podido mantenerlos introduciendo una escala en territorio argentino, donde Repsol-YPF le garantiza el suministro de combustible.

Después, la SEPI debería poner dinero para terminar de pagar los sueldos de mayo y los gastos operativos, cerrar con los gremios que ya firmaron los acuerdos concretos y sentarse a negociar con cierto plazo razonable con Ricardo Cirielli, el titular del gremio de los técnicos.

Para que esto ocurriera, el gobierno argentino tendría que negociar con la SEPI o con el Estado español, en vez de persistir con las amenazas y las versiones, y dentro de la sociedad española deberían empezar a predominar las posiciones menos extremas.

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