El tema de las tasas específicas (abasto, publicidad, tránsito de mercaderías) volvió a ser motivo de la preocupación de empresarios. Esta vez, la Cámara Argentina de Comercio es la entidad que pidió urgentes modificaciones a la norma que grava el traslado de bienes en territorio bonaerense.
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La entidad que preside Carlos de la Vega solicitó la inmediata suspensión de la Reglamentación Fiscal sobre transporte de bienes en la Provincia de Buenos Aires, por la cual se obliga al dueño de los bienes transportados a obtener un código de autorización previo a esa operación.
«La norma dispone que el Código de Operación de Traslado debe obtenerse vía Internet a través de la página Web de la Dirección de Rentas, sin establecer métodos alternativos, para el caso de que dicha página se halle fuera de funcionamiento», recuerda un comunicado de la CAC. «De darse esa situación, las empresas deberían optar entre incumplir la norma provincial por no tener medios para conseguir el Código o desabastecer a la población por no poder movilizar la mercadería.»
La norma prevé que, en caso de circular sin el código, la autoridad podría proceder a decomisar las mercaderías; ese código, además, está vigente sólo entre la fecha de emisión y una que determina la autoridad en función de la distancia a recorrer. «No se ha previsto cómo proceder cuando el viaje no hubiera finalizado y expire la vigencia del código, ya sea por desperfecto mecánico del transporte, robo, accidente de tránsito, cortes de rutas o de accesos, medidas de fuerza u otra razón ajena al propietario», cuestiona la entidad. Luego de una serie de consideraciones sobre -según define la CAC- falencias del sistema, «ante la complejidad del régimen y la sanción de decomiso en caso de incumplimiento, la Cámara solicitó la urgente revisión de esta norma hasta que sean consideradas cuestiones que afectan a esta etapa de la actividad comercial, para evitar inconvenientes en el transporte y aún la posibilidad de que se cometan abusos».
El reclamo viene a sumarse a otros similares de entidades que agrupan a comerciales e industriales, sobre los «excesos» en que incurren diversos municipios, que gravan cada calcomanía que se coloca en el interior de un comercio con una «tasa a la publicidad» que llega a montos exorbitantes, y otras similares. Hasta la fecha, esos reclamos no han tenido ningún eco en el gobierno nacional ni en el provincial, a pesar de las obvias implicancias inflacionarias de esas gabelas.
