Santiago (AFP, EFE) - El comandante de la armada de Chile, almirante Jorge Arancibia Reyes, renunció ayer sorpresivamente a su cargo. El gesto, que se produjo cinco meses antes de que completara su período de cuatro años como jefe naval para pasar a retiro, dio pie a especulaciones, que fueron desde calificarlo de acto de repudio al fichaje policial de Augusto Pinochet -concretado ayer- hasta considerarlo un preludio de una posible candidatura a senador.
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Para sumar otro elemento polémico, pocas horas antes de anunciar su dimisión, Arancibia reaccionó a denuncias sobre un supuesto soborno de 2,8 millones de dólares en el proceso de compra de dos submarinos al consorcio franco-español Basán afirmando que es un problema que concierne más a España que a Chile.
El diario «La Segunda» publicó una versión del diario español «El País», según la cual la firma consultora británica Seapoint Enterprises, que habría recibido en 1998 el pago de 2,8 millones de dólares para asegurar la venta a Chile de los submarinos Scorpene, es una «falsa empresa». El caso comenzó a ser investigado el martes por la Cámara de Diputados.
Candidatura
Otra fuerte versión alude a la posibilidad de que Arancibia se postule como candidato a senador por la derecha opositora en las elecciones parlamentarias de diciembre.
El plazo para que los candidatos inscriban sus postulaciones concluye el próximo 14 de julio, ocho días después de la fecha en la que Arancibia debía dejar el mando de la institución. El militar, uno de los impulsores de la Mesa de Diálogo para zanjar el problema de los desaparecidos, se ha mostrado leal a Pinochet durante los últimos años de problemas judiciales para el ex dictador.
Su alejamiento coincidió ayer con la concreción del controvertido fichaje policial de Pinochet, procesado por asesinatos y secuestros. Según se informó, éste se cumplió en forma «discreta» y sin recurrir al registro directo de sus huellas digitales y su fotografía, que fueron entregadas por el servicio del Registro Civil, informaron ayer fuentes judiciales.
Ese trámite, obligatorio para todos los procesados pero considerado humillante por el entorno del ex presidente de facto, consiste normalmente en que el reo sea fotografiado de frente y de perfil y que sus huellas dactilares sean estampadas en un prontuario, definido como «un documento público que da fe de la identidad de una persona y de las anotaciones judiciales que registra».
En este caso, según explicaron las fuentes, se consideró que por la prominencia pública del procesado no había posibilidad de suplantación, lo que sumado a su delicado estado de salud, hizo posible que el documento se llenara con los antecedentes disponibles. Según se indicó en tribunales, ahora sólo falta que la Fiscalía Militar comunique al juez especial Juan Guzmán, encargado del proceso a Pinochet, que el fichaje ya se cumplió.
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