Inflación mediante, sería 57% mayor la recaudación impositiva de febrero con relación al año pasado. Es alta, y el gobierno pretende hacer electoralismo subiendo los sueldos del sector público cuando debería usar el incremento para rescatar bonos provinciales caídos. También el gobierno incrementaría los sueldos por decretazo al sector privado, aunque, salvo exportadores y algunas industrias que sustituyen importaciones, el resto de actividades sigue recesivo y sin rentabilidades. Con esta recaudación aumentada, se cumplen las metas livianas que le había fijado el Fondo Monetario en emisión para el primer trimestre con el miniacuerdo, pero no gusta al Fondo que Duhalde vaya a demagogia. Recauda más el gobierno, pero con mayor costo para empresas. No permite ajustar balances por inflación (42% en 2002), lo que es otro impuestazo encubierto.
El gobierno abrirá el 12 de marzo el debate entre empresarios y sindicalistas para aumentar el salario real de los empleados en relación de dependencia. Ese día comenzará la segunda rueda de negociaciones de la llamada Mesa del Diálogo Argentino para el Trabajo Decente, de donde surgiría una de tres alternativas para aumentar los ingresos de más de 3,5 millones de personas: incorporar los 150 pesos mensuales no remunerativos al salario nominal, aumentar el salario mínimo vital de 200 pesos o abrir libremente la discusión salarial dentro de los temibles convenios colectivos de trabajo. Alguna de estas tres medidas será tomada oficialmente antes de abril. La mayoría de los representantes de las empresas ayer rechazó de plano esta medida, asegurando que generará dos consecuencias inevitables: o aumentará el nivel de trabajadores en negro y el desempleo o generará más inflación por el alza de los costos laborales. Incluso, los dirigentes empresarios que concurrirán a la Mesa aseguraron que se opondrán y que cualquier decisión de este tipo debería ser negociada por el próximo gobierno. «En lo posible», aseguró ayer a este diario una alta fuente del ministerio que dirige Graciela Camaño, «la decisión que tomará el gobierno será por consenso; pero si no es así, igual avanzaremos en una medida que recomponga el salario del trabajador». En concreto, la decisión que ayer tomó el gobierno es terminar la gestión de Eduardo Duhalde con un aumento oficial de salarios, ya sea incorporando el incremento de los 150 pesos no remunerativos, incrementando las retribuciones mínimas o abriendo la discusión de los convenios colectivos sectoriales.
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Para discutir este tema, el Ministerio de Trabajo volverá a llamar a los mismos protagonistas de la primera versión de la Mesa. Esto es, entre los empresarios, a los representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresariales (CAME), entre otros. Por el lado de los sindicatos, ya dijo que estará presente la Confederación General del Trabajo (CGT) oficial de Rodolfo Daer, precisamente el autor intelectual de la idea de incorporar los 150 pesos no remunerativos al salario. Como el gobierno promete como mínimo aceptar el debate dentro de los convenios salariales sectoriales, se especula con que también concurran a las sesiones de debate del Ministerio de Trabajo la CGT rebelde de Hugo Moyano, que el año pasado se levantó de la Mesa porque no se discutía la reapertura de estas discusiones. Además, podría volver a las negociaciones, o por lo menos será invitada a la Mesa, la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA) de Víctor De Gennaro, opositora clásica a estos acuerdos y que reclama un incremento salarial directo de 44%, el porcentaje de la inflación minorista de 2002.
La sola mención de la posibilidad de discutir cualquiera de las tres alternativas alarmó ayer a los representantes de las empresas. Según el abogado Daniel Funes de Rioja, que como asesor de la UIA participó el año pasado de la primera versión de la Mesa, la noticia «sorprende» ya que se pensaba que hasta junio la discusión sobre el salario «estaba cerrada». Hay que recordar que el pago de los 150 pesos no remunerativos estaba acordado hasta junio, y que la decisión sobre cómo continuaría esta política sería responsabilidad del próximo gobierno, según las especulaciones que hacían los propios empresarios al terminar las negociaciones de la Mesa del año pasado. Para Funes de Rioja, «no parece oportuno» volver a debatir este tema, ya que «no variaron las circunstancias» que llevaron a decidir el aumento de 100 a 150 pesos mensuales no remunerativos. El abogado mencionó, además, que «no parece lógico que el gobierno quiera discutir este tema, cuando se está a dos meses de un cambio de gestión que podría llevar a modificar toda la política macroeconómica y laboral». Funes opinó, además, que «la cifra de 150 pesos significa el máximo esfuerzo posible» y que si se incrementa ese número en cualquiera de sus circunstancias «habrá empresas, fundamentalmente PyMEs, que tendrán serios problemas». Esto tendría «efectos negativos o sobre el empleo generando más trabajadores en negro o más presiones inflacionarias porque estos costos extra se trasladarían a los precios».
En realidad, si la decisión final es incorporar sin más los 150 pesos que se pagan desde marzo (entre enero y febrero fueron 130 por mes), al salario nominal, los casi 3,7 millones de personas en relación de dependencia (según los datos de la ANSeS) que perciben el beneficio comenzarían a cobrar menos. Esto es así porque inmediatamente, al sumarse esta cifra al salario, los trabajadores deberían aumentar sus pagos a la seguridad social ya que hoy los 150 pesos están exentos de estas cargas. Si, por ejemplo, se tomara en cuenta un pago de un salario de 300 pesos mensuales, la incorporación de esta cifra al salario mensual implicaría un costo extra para el trabajador y el empleado de aproximadamente 48%, porcentaje que bajaría cuanto más alto sea el salario de la persona.
Sin embargo, el temor mayor de los empresarios, sobre todo de las PyMEs, es que dentro de esta Mesa se reabra el temible e inflacionario Consejo del Salario, que en la práctica significa que cada sector de la economía argentina negocie con sus representantes sindicales la situación laboral. Esto significaría que un rubro podría decidir aumentos salariales independientemente de lo que decida el resto de los sectores, lo que podría provocar aumentos superiores según el grado de presión que puedan ejercer los gremios. Por ahora, desde la cartera de Camaño se asegura que, si bien se aceptará discutir este tema, que no estuvo en la primera versión de la Mesa, lo que motivó el retiro de Moyano, sí estará en esta segunda jornada.
Una salida intermedia que sondea Trabajo, aun antes de comenzar a discutir dentro de la Mesa, es que directamente se decida un incremento salarial uniforme y remunerativo sobre el salario mínimo de 200 pesos; por fuera del incremento de 150 pesos que termina en junio.
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