Loma Negra y Minetti, las dos mayores cementeras del país, apelaron ayer las multas que les aplicó el gobierno el pasado 26 de julio. Así lo notificaron ayer en sendas y escuetas notas a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Dado que no cotizan en ese mercado, se ignora si también hicieron lo propio las otras dos firmas castigadas, o sea Calera Avellaneda y Petroquímica Comodoro Rivadavia.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Luego de una investigación que comprendió un período de 18 años (entre 1981 y 1999), la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) -órgano que depende del Ministerio de Economía- le asignó una multa de $ 167 millones a Loma Negra/Cementos San Martín y de $ 100,1 millones a Minetti/Corcemar, propiedad de la brasileña Camargo Correa y de la suiza Holcim, respectivamente. Además, castigó con $ 34,6 millones a Calera Avellaneda y de 7,3 millones a Petroquímica Comodoro Rivadavia.
El texto del comunicado enviado por Loma Negra a la Bolsa anuncia que «los abogados de la compañía analizaron la multa que se impuso al conjunto de las compañías productoras de cemento por actividades realizadas entre 1981 y 1999, y aconsejaron apelar la sanción administrativa».
Agrega que, por tal motivo, «Loma Negra CIASA presentó la apelación correspondiente. Tal como se señaló cuando se conoció la sanción, entendemos que la compañía ha actuado en todo momento conforme lo establecido en las leyes vigentes. Sobre esa base se efectuó el descargo correspondiente». Los términos de la misiva de Minetti son similares.
Ambas apelaciones fueron presentadas ante la CNDC, que a su vez deberá elevarlas al tribunal correspondiente. En el caso de Loma Negra -por el tipo de recursos que ya habían presentado durante el curso de la investigación- será a la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial, mientras que la de Minetti irá a parar a la cámara en lo Penal Económico.
• Prescripción
Según trascendió, los abogados de Loma Negra -el estudio Marval y O'Farrell & Mairal- aducirán que la causa está prescripta, y dado que la CNDC apeló a la ley antimonopolio más antigua (la 22.262, sancionada durante el Proceso, que luego fue reemplazada por otra aprobada por el Congreso) dicen que esa norma no le permitía a ese organismo aplicar multas, resorte que era exclusivo de la Justicia. El trascendido indica también que la investigación se realizó sin que hubiera imputaciones, lo que -según los letrados- violaría el derecho a la defensa en juicio, y pedirán que se aplique la ley más benigna (con lo que se confirmaría la prescripción de la causa), un principio jurídico universalmente aceptado.
Sin embargo, las evidencias que acumuló el Estado -a través de la Secretaría de Coordinación Técnica, que ahora lidera Leonardo Madcur- sobre la presunta colusión de las empresas del sector (para fijar precios y dividirse el país en áreas de influencia) serían tan contundentes que resultará complicado a cualquier tribunal dictar un fallo que vaya a contramano de la investigación. También es significativo que ninguna entidad empresarial salió en defensa de las cementeras, lo que demostraría que ese sector «está solo» en la coyuntura.
Dejá tu comentario