El blindaje otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permitió al gobierno obtener financiamiento a tasas más bajas en la plaza local, «no se tradujo aún en un menor costo crediticio para las pequeñas y medianas empresas y los consumidores», asegura un informe de la Coordinadora de Actividades Mercantiles y Empresarias (CAME).
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La CAME recuerda que en la última licitación de LETES, realizada la semana pasada, el gobierno nacional recibió ofertas por 2.969 millones -sobre una demanda declarada de 700 millones-, pero «esta manifiesta disponibilidad de fondos, de alrededor de 2 mil millones, aún no ha sido canalizada hacia el sector empresario, en particular las PyMEs y los consumidores».
Considera la entidad que, «salvo la banca oficial, no existen ofertas de crédito ni a los empresarios ni a los consumidores por parte del sector financiero privado que reflejen la baja de tasas».
Pulso
Precisa que «las tasas de interés efectivas anuales para PyMEs oscilan en 30 por ciento promedio para créditos de línea, en 4 a 5 por ciento mensual para los sobregiros en cuenta corriente, 23 por ciento para créditos prendarios, y entre 40% y 50% para los consumos con tarjetas de crédito».
«Este dato debe combinarse con la baja en la recaudación del IVA, que es un indicador del pulso del consumo privado, pese al incremento en los otros impuestos», alerta la entidad.
«La rentabilidad empresaria se vio afectada durante el segundo quinquenio de los '90 (luego del efecto tequila) por la deflación de precios de los bienes, que acumuló, en el período, 2,8 por ciento», remarca el trabajo.
La entidad sostiene que «el costo de los servicios durante igual lapso tuvo un incremento de 38,3 por ciento, y esto ocurrió en el contexto de un mercado en retracción ya que el consumo per cápita de las personas sólo creció en total 1 por ciento».
Ventas
Los empresarios se quejan, además, por la «manifiesta caída de las ventas» como un «indicador elocuente del menor ingreso disponible en manos de los consumidores».
CAME considera que este menor consumo «es consecuencia tanto del proceso de transferencia de ingresos como de la mayor presión tributaria y de los temores de los consumidores a perder sus empleos ante la percepción de que aún no han llegado a ellos los signos de reactivación».
