Se publicaron ayer en el Boletín Oficial el Decreto 303, por el cual el Poder Ejecutivo rescindió el contrato de Aguas Argentinas, y el 304, que crea la nueva empresa estatal AySA (Agua y Saneamiento Argentino). El primero es un decreto común y fue comunicado a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. El segundo, en cambio, es un decreto de necesidad y urgencia que fue girado al Congreso para que lo traten las dos cámaras.
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La nueva empresa estatal será una sociedad anónima, cuyo capital accionario estará en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación. El 90% del capital pertenecerá al Estado nacional y 10% restante a los ex trabajadores de Obras Sanitarias adheridos al programa de propiedad participada, constituido en 1993, cuando se transfirió la ex Obras Sanitarias al grupo encabezado por la francesa Suez.
El decreto establece que la totalidad del personal afectado a la ex Aguas Argentinas continuará prestando servicios en AySA, aunque al mismo tiempo se exceptúa a la nueva empresa de la norma que prohíbe nuevas contrataciones.
También indica que el jefe de Gabinete dispondrá los ajustes necesarios en el Presupuesto de la administración nacional para atender los requerimientos de la nueva compañía, mientras el Ministerio de Economía deberá concretar las acciones que posibiliten la gestión económico-financiera de la empresa.
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